Gobierno eliminará “cualquier acción o amedrentamiento contra periodistas”, asegura Eduardo Arana

El jefe de Gabinete, Eduardo Arana, afirmó este miércoles que el Gobierno eliminará “cualquier acción o amedrentamiento contra periodistas”, luego de que el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunciara a los periodistas del programa Punto Final y del canal Latina Televisión, a quienes acusa de “marcaje y reglaje”.

“Como ciudadano y ministro, creo en la prensa libre y el derecho de los periodistas de informarse debidamente, y más cuando son funcionarios públicos”, declaró en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Arana también expresó reparos sobre ciertos enfoques del periodismo investigativo. “No comparto cuando las noticias o el periodismo de investigación sean hechos de manera que se expone algunas informaciones de manera incorrecta o incompleta, generando especulación, y que estas especulaciones, sabiendo que son así, no sean contrastadas con la realidad”, dijo.

Aun así, destacó el rol fiscalizador de la prensa: “He podido observar antes de ser ministro cómo muchas informaciones en las que ustedes han podido advertir hechos de corrupción corroborados, y celebro que la prensa pueda hacerlo y que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen de inmediato aplicando el rigor de la ley”.

“Últimamente veo especulaciones (...) ese ‘podría ser’ se convierte en la verdad de algunos como si fuera un hecho real y genera una carpeta fiscal, ahí está nuestra preocupación. La responsabilidad de la prensa, que es informar, opinar, investigar, debe estar sujeta a un control ético de información”, dijo.

A pesar de sus críticas, reafirmó que “como gobierno vamos a proscribir cualquier tipo de acción o amedrentamiento contra periodista o medio en los cuales se actúe por presión o de manera irregular”.

Denuncia

La denuncia interpuesta por Santiváñez fue presentada el 3 de julio ante la Fiscalía de La Molina. En un plazo inferior a 24 horas, dicha entidad dispuso la apertura de una investigación preliminar por un periodo de 60 días. No obstante, esta medida no se adoptó en defensa directa del exministro, sino “en agravio” del portafolio que dirigió.

El reportaje aludido incluyó imágenes y documentos que evidencian el uso continuado de prerrogativas propias de un exministro, como el empleo de un vehículo oficial y resguardo policial. El equipo de Punto Final precisó que las imágenes difundidas registran desplazamientos realizados un miércoles por la mañana, sin revelar la ubicación del domicilio del exfuncionario ni datos de carácter privado.

A pesar de ello, Santiváñez alegó que la difusión del reportaje habría facilitado información a presuntos extorsionadores. Sin embargo, no ha presentado pruebas que sustenten esta acusación, pues no proporcionó registros telefónicos, fechas de comunicación ni otros elementos verificables.

El propio exministro incurrió en inconsistencias al manifestar, a través de su cuenta en la red social X, que el reportaje habría expuesto a su familia y a los oficiales de inteligencia encargados de su seguridad, aunque dichos agentes ya habían sido registrados por las cámaras durante su ejercicio como ministro.

Diversos gremios periodísticos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han señalado que esta denuncia no solo busca limitar la labor de un medio de comunicación. También constituye un precedente preocupante en la relación entre el poder político y la prensa.