La Fiscalía de la Nación ha formalizado una investigación contra diez altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la presunta comisión de tortura agravada contra 24 personas durante las protestas sociales ocurridas en 2023. Los hechos, que se remontan al 9 de febrero de ese año, se registraron en el departamento de Apurímac, específicamente en la provincia de Aymaraes, donde las fuerzas del orden intervinieron para controlar las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron por varias regiones del sur del país.
Según los informes de la Fiscalía, los manifestantes fueron víctimas de violencia tanto física como psicológica. Durante la intervención policial, los ciudadanos habrían sido atados durante varias horas por agentes de la PNP, quienes, según las investigaciones preliminares, habrían excedido el uso de la fuerza.
La fiscal provincial Elizabeth Quispe, quien lidera la indagación, sostiene que los actos cometidos durante la intervención no solo comprometieron la integridad física de los manifestantes, sino que también vulneraron su dignidad humana. Además, se menciona que las víctimas estuvieron privadas de su libertad y sometidas a tratos crueles y deshumanizantes.
Altos mandos involucrados
Entre los investigados se encuentran altos mandos de la PNP, incluyendo al excomandante general Raúl Alfaro Alvarado y al exteniente general Jorge Angulo Tejada, ambos retirados de la institución.
También figura en la lista el jefe de la región policial de Apurímac, Jesús Flores Solís, junto a los jefes de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay, Víctor Sifuentes Yañez y Rodolfo Porfirio Díaz. Además, se incluyen a otros agentes como José Calatayud Chávez, Rolando Taracaya Ccañihua, David Chapa Aquino, Joel Cabrera Paredes y Nobel Inca Andia.
Investigación preparatoria
La formalización de la investigación preparatoria por parte de la Fiscalía implica que existen indicios suficientes para continuar con el proceso y determinar las responsabilidades penales de los investigados.
En dicha etapa, se realizarán diversas diligencias, incluyendo pericias médico-legales, la toma de nuevas declaraciones y el análisis de material audiovisual que podría arrojar más detalles sobre la intervención policial en Apurímac. Estas pruebas serán clave para avanzar en la identificación de los responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos.
El Ministerio Público ha conformado un equipo especializado en casos de víctimas de las protestas sociales, conocido como EFICAVIP. Este equipo se encarga de investigar no solo los casos de tortura, sino también las muertes y lesiones sufridas por los manifestantes. Hasta la fecha, se han abierto 62 investigaciones sobre muertes, lesiones y otros delitos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
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