El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi, destacó que todo el trabajo de la Comisión ha tenido como objetivo “mejorar la institucionalidad en beneficio de todos los peruanos”. En el marco del Periodo Anual de Sesiones 2024-2025, este grupo parlamentario aprobó 18 leyes orientadas a la reforma electoral, la transparencia en las elecciones generales de 2026, procesos constitucionales, voto digital y la restitución del financiamiento privado en los partidos políticos, entre otras materias.
Durante la presentación de los resultados, Rospigliosi explicó que uno de los puntos más relevantes fue la aprobación del financiamiento privado para los partidos políticos, el cual ahora será bancarizado. Esto, según sus palabras, “evitará que las economías ilegales busquen a los candidatos o financien sus campañas”. Además, destacó la implementación del voto digital, que permitirá a los miembros de las Fuerzas Armadas, bomberos, policías, trabajadores de salud y peruanos residentes en el extranjero ejercer su derecho al sufragio de manera remota.
Otro de los aspectos clave fue el proceso de adecuación normativa para las elecciones generales de 2026. Rospigliosi detalló que se llevaron a cabo reuniones constantes con titulares de organismos electorales, expertos y exsenadores para adaptar la legislación al nuevo contexto, que contempla la conformación de un Congreso Bicameral.
Leyes aprobadas y publicadas hasta el 4 de julio de 2025
Entre las leyes aprobadas y publicadas hasta el 4 de julio de este año, destacan las siguientes reformas constitucionales y modificaciones clave a leyes orgánicas:
- Ley 32135: Autoriza excepcionalmente la elaboración y aprobación de reglamentos mediante una disposición transitoria especial en la Constitución Política del Perú.
- Ley 32120: Modifica la Ley 31577 para disponer la publicación de anexos en el diario oficial El Peruano.
- Ley 32145: Habilita el doble empleo o cargo público remunerado para personal médico o asistencial de salud.
- Ley 32153: Fortalece los fines del Nuevo Código Procesal Constitucional.
- Ley 32166: Amplía los locales de votación y el horario de la jornada electoral, además de promover el sufragio del personal activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
- Ley 32188: Introduce el término “discapacidad” en los artículos 7 y 23 de la Constitución.
- Ley 32189: Reconoce al Pueblo Afroperuano en el subtítulo del capítulo VI del título III y en el artículo 89 de la Carta Magna.
Otras reformas en el ámbito electoral y de transparencia
- Ley 32231: Otorga beneficios a los miembros de mesa.
- Ley 32237: Refuerza el derecho fundamental a la identidad mediante modificaciones a la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
- Ley 32243: Introduce nuevos mecanismos de control y publicación de resultados para optimizar la transparencia electoral.
- Ley 32245: Modifica la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de elecciones de representantes ante el Parlamento Andino.
- Ley 32251: Unifica la regulación de los símbolos de la patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales.
- Ley 32254: Restituye el financiamiento privado de personas jurídicas y dicta disposiciones para el uso del financiamiento público.
- Ley 32264: Establece medidas para simplificar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.
Proyectos pendientes
La Comisión también tiene proyectos pendientes, entre los cuales se encuentran:
- Autógrafa del PL 10747: Propone modificar la ley 30647, que regula el régimen laboral del Congreso de la República, el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y sus trabajadores.
- PL 11286: Observado el 3 de julio de 2025, plantea cambios al Decreto Legislativo 1666, marco de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público.
- Autógrafas de los PL 5416 y 5449: Observadas el 20 de junio, buscan modificar la ley 31419 para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.
Este conjunto de reformas y proyectos busca mejorar la eficiencia y transparencia del sistema político y electoral en el país, adaptándose a los nuevos desafíos y necesidades de la nación.
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