El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que se amplíe por tres años la medida de impedimento de salida del país contra Fredy Hinojosa, actual vocero de la presidenta Dina Boluarte. La petición forma parte de la investigación fiscal por supuestos actos de corrupción cometidos cuando el funcionario estuvo al frente del programa alimentario Qali Warma.
De acuerdo con la tesis fiscal, Hinojosa habría formado parte de una presunta organización criminal que direccionó contratos a favor de empresas proveedoras de alimentos, como Frigoinca, firma vinculada a productos que no habrían cumplido con estándares sanitarios y que habrían provocado intoxicaciones en escolares.
Investigación por red criminal vinculada al programa Qali Warma
El pedido fue presentado por el Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esta instancia, encargada de llevar el caso, ha solicitado que la medida cautelar contra Hinojosa se mantenga por 36 meses adicionales mientras avanzan las diligencias por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo genérico, propio e impropio, así como tráfico de influencias.
Junto a Hinojosa, también se pidió el mismo plazo de restricción migratoria para otros implicados: Oliver Burga, Víctor Salazar, Alejandro Mendiola y Paul Burga. Todos ellos están incluidos en la misma carpeta fiscal, bajo sospecha de haber participado en una red que habría beneficiado de forma irregular a determinados proveedores del programa social destinado a la alimentación escolar.
Frigoinca y la conexión con conservas que intoxicaron a escolares
Las pesquisas del Ministerio Público incluyen el caso de la empresa Frigoinca, responsable de la elaboración y distribución del producto enlatado “Don Simón”, entregado por Qali Warma. Esta conserva habría sido distribuida pese a no cumplir con las condiciones sanitarias exigidas, provocando cuadros de intoxicación entre alumnos beneficiarios del programa.
Según la investigación, Fredy Hinojosa habría facilitado la emisión de resoluciones a favor de Frigoinca cuando se desempeñaba como director ejecutivo de Qali Warma. Esta coordinación, según la tesis fiscal, se habría producido directamente con Nilo Burga, propietario de la compañía, quien fue hallado muerto en diciembre de 2024. La Fiscalía presume que se ejerció presión sobre proveedores para que adquirieran productos de la referida empresa, a pesar de las advertencias sobre su calidad.
Más implicados y testigos bajo control judicial
La solicitud de ampliación del impedimento de salida del país también alcanza a otros investigados en el mismo expediente. Entre ellos figuran Noemí Alvarado, Melvin Claros, Julissa Michelini, Erick Arones y Víctor Delgado. Todos son señalados como posibles colaboradores o beneficiarios dentro de esta red que habría operado desde el interior del programa Qali Warma.
Además, la Fiscalía pidió una medida de restricción, aunque por un plazo menor de cuatro meses, para varios testigos clave del caso. En esta lista figuran Gladys Ramírez, María Lino, Jerrold Gavidia, Hilmar Espinoza, Inés Cribillero, Jesús Flores, Carloman Vivaque, Kelly Janampa, Kevin Salón, Llony Ramírez y Carlos Rodríguez. Las autoridades buscan asegurar su permanencia en el país mientras se llevan a cabo sus declaraciones.
Megaoperativo y antecedentes de la investigación
El pasado 20 de junio, el Ministerio Público ejecutó un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 16 inmuebles vinculados a los involucrados en el caso. En esa acción también se detuvo de manera preliminar a seis personas. Este operativo se desarrolló como parte de la estrategia fiscal para recabar pruebas y testimonios que sustenten la hipótesis de corrupción en el programa estatal.
El programa Qali Warma, que atiende a escolares en situación de vulnerabilidad, ha sido objeto de diversas denuncias en los últimos años por irregularidades en sus procesos de contratación y calidad de productos. La investigación actual busca determinar el grado de responsabilidad de funcionarios como Hinojosa y establecer si se usó el aparato estatal para favorecer intereses empresariales en perjuicio de la salud pública y los fondos del Estado.
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