El celular de la corrupción en Qali Warma: así operaba la mafia que entregaba conservas peligrosas a escolares

La escena fue silenciosa, pero contundente. La puerta de una vivienda fue tocada por la justicia. Era el domicilio de Michael Burga Farro, director comercial de Frigoinca, una empresa proveedora de alimentos para el programa estatal Qali Warma. La orden: detención preliminar por corrupción.

Minutos antes de que el reloj marcara las cinco de la madrugada, la fiscalía y la policía ya se encontraban desplegadas en simultáneo en distintos puntos del país. No solo iban tras Burga. La red de corrupción que operaba entre Frigoinca y funcionarios del Estado peruano había empezado a caer, pieza por pieza.

Latina Noticias reveló meses atrás los nexos entre altos funcionarios del programa y ejecutivos de la empresa de conservas. Hoy, esa investigación ha derivado en 11 detenciones por graves delitos que habrían puesto en riesgo la salud de miles de niños beneficiarios del programa social.

El celular de la corrupción y la red que lo ejecutaba

Michael Burga Farro es el hijo de Nilo Burga, quien falleció en diciembre pasado en circunstancias aún investigadas. Tras su muerte, Michael fue señalado como el nuevo cabecilla de esta organización. A las autoridades no les bastó con eso: también se enfocaron en Delia Zavaleta Garay, gerente general de Frigoinca. Las cámaras de Latina la captaron tiempo atrás disfrutando de una fiesta en la sede de la empresa en Miraflores. Hoy, fue detenida en su casa, con esposas y bajo orden judicial.

A Zavaleta se le atribuye el manejo de un Excel con la planilla paralela de pagos a funcionarios. En los chats obtenidos del llamado “celular de la corrupción”, su nombre aparece como la encargada de entregar los sobornos, ya sea en efectivo o por transferencias. El equipo telefónico, incautado gracias a una denuncia periodística, fue determinante para identificar los pagos y comunicaciones entre Frigoinca y varios funcionarios de Qali Warma, muchos de los cuales ya han sido detenidos.

Uno de ellos es Ronald Loza Machicao, de la Dirección Regional de Salud de Puno. Según la Fiscalía, Loza habría alterado muestras del producto “Don Simón” para evitar que los resultados de laboratorio revelaran su verdadera composición. Las consecuencias fueron alarmantes: intoxicaciones masivas en niños de zonas como Cabana, en Puno. El funcionario ahora cumple 36 meses de prisión preventiva.

Otro implicado es Miguel Ángel Rosales Collantes, supervisor de plantas de Qali Warma, quien habría proporcionado información privilegiada a Frigoinca para facilitar su expansión en todo el país. Las autoridades también detuvieron a Edgar Capani Páucar, jefe de calidad de la planta en Chepén, quien estaría detrás del uso de insumos de mala calidad para reducir costos.

Millones en contratos públicos y un vocero presidencial en la mira

Según el Ministerio Público, entre 2020 y 2024, Frigoinca logró adjudicarse S/ 238 millones en contratos con el Estado peruano, a través de 108 acuerdos con proveedores y el propio Qali Warma. Estos contratos habrían sido asegurados mediante el pago sistemático de sobornos a funcionarios claves de diversas regiones.

Uno de los casos más graves involucra a Davilton Rodríguez Delgado, especialista legal de contrataciones de Qali Warma, quien recibió depósitos bancarios de hasta 20 mil soles. Los pagos fueron realizados a través de su primo, Carloman Livaque Delgado, y se tienen en poder los comprobantes de esas transferencias.

También ha sido identificado Stalin Mera Paredes, especialista alimentario de Loreto, quien habría recibido 30 céntimos por cada caja de carne seca y 20 céntimos por caja de conserva de pollo que Frigoinca colocaba en el menú escolar. Los depósitos eran mensuales, y a ello se sumaba un bono anual.

Pero la red no terminaba ahí. El círculo se va cerrando sobre un nombre conocido en el entorno político actual: Freddy Hinojosa, actual vocero presidencial de Dina Boluarte y exjefe de Qali Warma. Según reveló Latina Noticias, Hinojosa ha optado por guardar silencio ante la Fiscalía, y recientemente solicitó al Estado que le financie una defensa legal de mayor especialización por S/ 42,000, pese a que ya contaba con un abogado cubierto por el MIDIS por otros 15 mil soles. La petición, por ahora, ha sido rechazada.

El operativo, que ha logrado detener a 11 implicados hasta la fecha, forma parte de la estrategia del fiscal Reynaldo Abvia, quien busca desmontar esta presunta organización criminal desde los niveles más bajos hasta la cúpula del poder.

Las investigaciones continúan, y todo indica que nuevas detenciones podrían concretarse en los próximos días, mientras las familias afectadas —madres e hijos que confiaron en el Estado— esperan que no se quede ni una puerta sin tocar.