¿Martín Vizcarra volverá a postular? Expresidente acude a la Corte CIDH para participar en las elecciones generales del 2026

El exmandatario explicó que el amparo suele demorar entre cuatro y cinco años, y que si bien no elimina sus inhabilitaciones, las suspende por un tiempo determinado

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Martín Vizcarra debe enfrentar otros
Martín Vizcarra debe enfrentar otros procesos que podrían ponerlo tras las rejas.

El expresidente Martín Vizcarra solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una medida cautelar con la intención de que se suspendan las inhabilitaciones que impiden su participación en las elecciones generales del 2026, por lo que, de darse un escenario favorable, podría intentar nuevamente ocupar un cargo político.

De acuerdo con Perú21, la solicitud fue presentada recientemente. El exmandatario explicó que el amparo suele demorar entre cuatro y cinco años. Precisó, además, que esta acción no elimina las medidas en su contra, pero las suspende mientras la Corte resuelve el fondo del asunto.

Vizcarra cuestionó la reciente decisión del Tribunal Constitucional, organismo que rechazó su pedido de anular la inhabilitación. Incluso, acusó al órgano constitucional de actuar con “cálculo político” por la demora en la publicación de la resolución correspondiente.

Fotografía cedida por el Poder
Fotografía cedida por el Poder Judicial de Perú del expresidente Martín Vizcarra en una audiencia este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Poder Judicial de Perú /

Un historial de inhabilitaciones parlamentarias

El escenario judicial de Vizcarra está marcado por tres inhabilitaciones impuestas desde el Congreso en los últimos cuatro años. La primera, que data del 2021, con una duración de diez años, tuvo su origen en el caso conocido como ‘Vacunagate’. En ese entonces, fue acusado de haberse inmunizado de manera adelantada contra la COVID-19, antes de que el uso de las vacunas estuviera autorizado oficialmente para la población general.

Pese a que el exmandatario negó inicialmente su participación, las investigaciones confirmaron que sí había recibido la inoculación. Poco después, en mayo de 2022, recibió una segunda inhabilitación, esta vez por cinco años, debido a presuntos vínculos irregulares con empresas contratistas durante su paso como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

La más reciente sanción, dictada en junio de 2025, extendió por otros diez años la imposibilidad de ejercer cargos públicos. El Parlamento consideró que la disolución del Parlamento en 2019 constituyó una infracción al artículo 134 de la Constitución peruana. Tras una reconsideración, el Pleno aprobó la sanción, construyendo un expediente de inhabilitaciones sucesivas en contra del exjefe de Estado.

Corte IDH. (Foto: Andina)
Corte IDH. (Foto: Andina)

¿Qué es la Corte IDH?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo creado en el marco del sistema interamericano, responsable de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde su fundación en 1979, la Corte ha sido un referente internacional en la protección de los derechos fundamentales dentro de los países que han ratificado la convención, incluido el Perú.

Este tribunal internacional está compuesto por siete jueces independientes elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Corte IDH tiene competencia para conocer casos relativos a violaciones de derechos humanos presentados por los Estados o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como solicitudes de opiniones consultivas sobre la interpretación de la Convención y otros tratados de derechos humanos en la región.

Su sede principal se encuentra en San José, Costa Rica, y sus resoluciones, tanto en casos contenciosos como en medidas cautelares, tienen carácter vinculante para los Estados que hayan aceptado su jurisdicción. La intervención de la Corte IDH se ha convertido en una herramienta clave para la defensa de los derechos civiles y políticos en América Latina, constituyendo un mecanismo de control y vigilancia internacional sobre los poderes estatales.

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