Las regiones que lideran equipos dañados e inoperativos para luchar contra la criminalidad, según la Contraloría

Un reciente operativo de la Contraloría General revela que una significativa cantidad de equipos de seguridad en los gobiernos locales se encuentran fuera de servicio, afectando la capacidad de monitoreo y respuesta ante situaciones de riesgo

Contraloría encuentra más de 1,500 cámaras de videovigilancia inoperativas en gobiernos locales.
Contraloría encuentra más de 1,500 cámaras de videovigilancia inoperativas en gobiernos locales.
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El reciente operativo llevado a cabo por la Contraloría General de la República dejó al descubierto graves deficiencias en los sistemas de seguridad de las municipalidades de todo el país.

Según el informe, más de 1.500 cámaras de videovigilancia se encuentran inoperativas, lo que representa el 20% de los 6.144 equipos instalados por los gobiernos locales en diversos puntos estratégicos.

Este hallazgo resalta las limitaciones en la capacidad de monitoreo de los espacios públicos y pone en evidencia los retos que enfrentan las autoridades locales para mantener el orden y la seguridad ciudadana.

Durante el operativo titulado “Servicios de seguridad ciudadana ejecutados por los gobiernos locales”, realizado entre el 8 y el 14 de mayo, la Contraloría supervisó un total de 248 gobiernos locales distribuidos en las 24 regiones del país.

Los resultados del operativo evidencian una preocupante falta de infraestructura y planificación en las políticas de seguridad pública, lo que compromete la eficacia de los esfuerzos destinados a reducir la inseguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Videovigilancia limitada y mal gestionada

De acuerdo con el informe, el 20% de las cámaras de videovigilancia en los gobiernos locales están fuera de servicio. Las municipalidades de Arequipa, La Libertad, Lima Provincias, Cusco y Piura lideran las cifras de equipos dañados, con más de 1.000 cámaras inoperativas.

Este deterioro técnico afecta la capacidad de monitoreo continuo de los espacios públicos y limita la efectividad de la videovigilancia como herramienta para prevenir y responder a incidentes de seguridad.

Además, el informe revela que el 22% de las cámaras instaladas no cumplen con la normativa vigente que exige el almacenamiento de las grabaciones durante al menos 45 días calendario.

Las municipalidades de Cusco, Tacna, La Libertad, Pasco y Áncash son las que más han incumplido esta directiva, lo que pone en riesgo la capacidad de utilizar las grabaciones como evidencia en casos judiciales o de investigaciones.

Otro aspecto preocupante es la falta de mantenimiento adecuado de los equipos. La Contraloría destaca que el 86% de las municipalidades supervisadas no cuentan con un plan de mantenimiento regular para sus cámaras de videovigilancia, lo que aumenta la probabilidad de fallas y reduce su efectividad.

Infografía de la Contraloría.
Infografía de la Contraloría.

Equipos de radiocomunicación y vehículos

El operativo también reveló una alta tasa de mal funcionamiento de los equipos de radiocomunicación, esenciales para garantizar una comunicación efectiva durante las intervenciones de seguridad.

Un 19% de los 5,502 equipos de radiocomunicación inspeccionados no están operativos, lo que limita la capacidad de coordinación y respuesta del personal de serenazgo. Las municipalidades de Piura, Lima Provincias y Arequipa son las que presentan los mayores índices de equipos defectuosos.

Por otro lado, el informe de la Contraloría señala que el 14% de los vehículos asignados al patrullaje municipal están inoperativos. Este problema afecta la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y de inseguridad, siendo Lima Provincias, Cusco, Tacna, Ica y Áncash las regiones con mayores números de vehículos fuera de servicio.

La Contraloría también ha señalado que, de no tomarse medidas inmediatas, la falta de recursos operativos podría seguir afectando la seguridad en diversas zonas del país, limitando las oportunidades de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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