Vuelve el ‘Gabinete en la sombra’: allegados de Pedro Castillo, investigados por corrupción, contratan con el Estado

El círculo cercano del expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, ha reaparecido en la escena pública debido a sus vínculos contractuales con entidades estatales, pese a estar involucrados en investigaciones por corrupción, tráfico de influencias y colusión.

Algunos de estos personajes enfrentan procesos judiciales, mientras que otros colaboran con la justicia en diversas causas penales. No obstante, sus nombres figuran en órdenes de servicio emitidas por el propio Estado que los investiga, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

El Ministerio Público sostiene que la presunta organización criminal liderada por Castillo comenzó a formarse cuando accedió a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2021. En ese contexto, el entonces candidato estableció vínculos con personas que aportaron bienes muebles e inmuebles a su equipo de campaña y posteriormente integraron lo que se conoce como el ‘Gabinete en la sombra’.

Entre ellos destaca el empresario Alejandro Sánchez, supuesto financista del expresidente, quien se encuentra prófugo de la justicia y es propietario de la casa de Sarratea, donde Castillo habría realizado reuniones para planificar actos ilícitos tras asumir la Presidencia.

La empresa Aldalab Perú SAC, en la cual Sánchez es accionista, suscribió contratos por más de S/170 mil entre 2023 y 2024 con instituciones como hospitales, direcciones regionales de salud y universidades públicas, para la provisión de equipos médicos.

El dominical también reveló que el estudio jurídico de Salatiel Marrufo, exasesor del exministro de Vivienda Geiner Alvarado, actualmente colaborador eficaz y confeso receptor y distribuidor de sobornos millonarios, fue contratado por la Municipalidad distrital de San José, en Chiclayo, por S/8 mil para brindar asesoría legal externa en abril de este año.

Por otra parte, Eder Vitón Burga, exasesor técnico del Gabinete de la Presidencia y acusado de presionar a organismos fiscalizadores, obtuvo once órdenes de servicio por más de S/100 mil con la Municipalidad del Callao. Aunque no se especifican sus funciones, figura como “locador de servicios” en los registros oficiales.

David Pérez Curi, exasesor presidencial, quien supuestamente coordinó directamente con Castillo el nombramiento del entonces comandante general de la Policía, aparece en un contrato reciente con la Defensoría del Pueblo. El acuerdo, por S/32 mil, establece la sistematización de información para la elaboración del informe anual de dicha institución.

El exjefe de Gabinete Despacho Presidencial, Auner Vásquez, señalado como coordinador del ‘Gabinete en la sombra’ y detenido durante las investigaciones por corrupción, fue contratado en dos oportunidades este año por la Municipalidad de Paccha, en Chota. Recibió más de S/24 mil por servicios de asesoría jurídica.

Finalmente, Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, regresó al sector público y actualmente trabaja como asistente administrativa en la Municipalidad Provincial de Chota, con un contrato firmado en mayo de este año por S/6,900.

Contra ella, el Ministerio Público solicitó una pena de 23 años de prisión por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Se la identifica como la “testaferro” de la red corrupta enquistada en el gobierno de Castillo, al coordinar la adjudicación de obras públicas en Cajamarca, región natal de la familia presidencial, junto con el empresario Hugo Espino.

Castillo permanece en prisión desde el 7 de diciembre pasado, cuando fue detenido por intentar dar un autogolpe de Estado y después de que el 16 de diciembre la Justicia dictara una primera prisión preventiva en su contra, mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración.

La Fiscalía considera que el expresidente puede ser condenado a más de 31 años de cárcel por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su Gobierno, por los que solicitó que se le impongan 36 meses de prisión preventiva.