En el distrito fronterizo de Aguas Verdes, en Tumbes, cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y una civil fueron intervenidos por estar presuntamente implicados en una red de contrabando de combustible.
La operación, realizada por la Dirección contra la Corrupción de Lima, con apoyo de la Inteligencia de Inspectoría General de la PNP, reveló que los agentes habrían permitido de forma reiterada el ingreso ilegal de gasolina, balones de gas y otros productos a través del puente internacional entre Perú y Ecuador, sin aplicar los controles exigidos por ley.
Este caso reaviva las alertas sobre la vulnerabilidad de las fronteras peruanas y la participación de funcionarios en actividades ilícitas que afectan gravemente la economía formal.
Desmantelan red ilícita
La intervención tuvo lugar en plena frontera norte, una zona clave para el comercio binacional, pero también un punto crítico para actividades ilegales. Los efectivos detenidos fueron identificados como el suboficial de segunda Rony Joel Macías Oyola, el suboficial de primera Roberto Carlos Yankee Robles, y los suboficiales de tercera William Cedillo Vera y Luis Allasta Romero. Junto a ellos, fue capturada la ciudadana Jocelyn Blanca López, de 26 años, quien estaría involucrada como presunta colaboradora externa.
Las investigaciones preliminares indican que estos agentes, asignados al puesto de control fronterizo de Aguas Verdes, omitían los procedimientos de fiscalización de manera sistemática.
De este modo, permitían que motocicletas de carga trasladaran combustible y mercancías sin inspección alguna, facilitando su ingreso desde Ecuador. Se presume que esta complicidad permitía la operación constante de una red de contrabandistas que cruzaban la frontera con total impunidad.
Ingreso masivo de combustible
La dimensión de este problema trasciende lo ocurrido en Tumbes. Según la Asociación Nacional de Transporte Terrestre y de Carga (ANATEC), cada día entran al Perú entre 60 000 y 120 000 galones de combustible de contrabando por las fronteras con Ecuador y Bolivia. Este volumen masivo de ingreso ilícito representa una amenaza directa al transporte formal de carga.
Martín Ojeda, director de la Cámara de la Industria Internacional del Transporte (CIT), advirtió que esta situación distorsiona el mercado y atenta contra la competencia leal. “Los conductores extranjeros modifican sus tanques para abastecerse fuera del país, ingresando combustible sin pagar impuestos, lo que genera una evasión fiscal estimada en mil millones de dólares anuales”, señaló.
Esta práctica no solo afecta a los transportistas nacionales al reducir artificialmente los costos de operación de sus pares extranjeros, sino que también representa un peligro para la seguridad vial, pues muchos de los vehículos con tanques alterados circulan en condiciones irregulares. El combustible de contrabando, además, suele ser de menor calidad, lo que pone en riesgo tanto los motores como el medioambiente.
Exigen acciones
El sector formal del transporte terrestre exige que el contrabando sea combatido con herramientas efectivas y que se endurezca la sanción para quienes alteran los vehículos con fines ilícitos. Proponen que la actual infracción G64, que penaliza la conducción de vehículos modificados, deje de ser solo una multa del 8% de la UIT y pase a contemplar el internamiento del vehículo por 60 días en el depósito.
También solicitan que Osinergmin fiscalice con rigor los límites máximos de combustible permitidos al momento de ingresar al país, para evitar que esta ruta se convierta en un canal constante de evasión. Por otro lado, se insta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a que apruebe el reglamento del Observatorio del Transporte Terrestre, una herramienta que permitirá registrar y fiscalizar a empresas o conductores que fomenten el comercio ilegal.
El llamado es claro: se requiere un trabajo articulado entre el MTC, Sutran, la Policía Nacional, Migraciones y Aduanas para frenar una actividad que no solo daña la economía formal, sino que también pone en riesgo la gobernabilidad en zonas fronterizas.
Riesgos mayores
La falta de control fronterizo y la corrupción dentro de las instituciones encargadas de protegerlas podrían tener consecuencias mayores. Según Ojeda, de no actuar con rapidez, el país corre el riesgo de perder el control de las fronteras, fomentar la informalidad y generar conflictos entre transportistas, lo cual podría ser aprovechado por mafias organizadas, algunas con vínculos en países vecinos.
El reciente operativo en Tumbes es una muestra de que los problemas están identificados, pero también de que los controles internos pueden fallar si no hay una supervisión constante. La presunta complicidad de agentes estatales con redes de contrabando demostraría que la corrupción no solo ocurre en las altas esferas, sino que también se manifiesta en puntos críticos del territorio, donde la vigilancia debería ser más rigurosa.
El contrabando de combustible, lejos de ser un fenómeno aislado, representa una amenaza multisectorial que exige una respuesta institucional contundente, sostenida y con enfoque interinstitucional. La economía, la legalidad y la seguridad del país están en juego.
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