El congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, ha propuesto el proyecto de ley 11745,con el objetivo de incorporar a los profesores nombrados en cárceles a la carrera pública magisterial (CPM).
En el documento también aparecen como coautores sus compañeros de bancada. En este caso son Flavio Cruz Mamani, María Taipe Coronado, Américo Gonza Castillo, Kelly Portalatino e Isaac Mita.
¿Qué se cambiaría?
Según la iniciativa, para lograr la meta, se tendría que modificar el artículo 1 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, para que se incluya como instancias de labor el Ministerio de Educación (Minedu), el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), además de los maestros que prestan servicios en establecimientos penitenciarios, administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
“Regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos”, concluye.
Otras consideraciones
En cuanto al financiamiento, los gastos serán cubiertos con los recursos del presupuesto institucional del Inpe, entidad que forma parte del Minjus. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá que transferir presupuesto hacia este sector.
En este caso, los profesores nombrados serán evaluados por el Minedu para que ingresen a la CPM. Se verificará que se cumplan los requisitos de la Ley 299944 y su reglamento. A efectos de esta parte, se reconocerá los años de servicio efectivo bajo los regímenes del Decreto Legislativo 276 y la Ley 29709, conforme a:
- De 1 a 2 años: Primera escala.
- De 3 a 5 años: Segunda escala.
- De 6 a 10 años: Tercera escala.
- De 11 a 14 años: Cuarta escala.
- De 15 años a más: Quinta escala.
Por último, los docentes que se incorporen a la Carrera Pública Magisterial, mantendrán sus derechos laborales adquiridos. El proceso de transición no deberá durar lmás de 80 días calendario y continuarán percibiendo sus remuneraciones bajo el régimen anterior, hasta completar su incorporación definitiva.
Análisis económico y financiero
La propuesta del legislador de Perú Libre presenta una serie de costos claros y detallados. El gasto más significativo corresponde al diferencial remunerativo proyectado en S/ 8.5 millones anuales para 180 docentes, diseñado para elevar la calidad del proceso de reinserción. A este monto se agrega la previsión de S/ 3.2 millones anuales en bonificaciones adicionales, que tienen por objetivo incentivar la permanencia y desempeño óptimo del personal vinculado al programa.
Dentro de la transición al nuevo modelo, el análisis financiero contempla un costo administrativo único de S/ 850 mil, destinado a la adecuación de procesos y sistemas de gestión. A esto se suma una inversión puntual de S/ 420 mil en capacitación y evaluación, necesaria para iniciar el proyecto con el equipo docente preparado y así garantizar una primera etapa eficiente. En total, la propuesta demanda un desembolso estimado de S/ 12.97 millones anuales, más S/ 1.27 millones en gastos únicos.
Los beneficios económicos superan ampliamente la inversión requerida. La reducción proyectada del 10% en la reincidencia dará margen para evitar cerca de 2.400 nuevos ingresos al sistema penitenciario cada año. Esto producirá un ahorro estimado de S/ 180 millones en costos de albergue y tratamiento de internos, lo que supone un impacto positivo tanto en el presupuesto del sector como en la sociedad.
El fortalecimiento de la empleabilidad entre los ex-internos permitirá incrementar la recaudación tributaria en S/ 15 millones anuales, asociado a una mayor inserción laboral formal. A su vez, la caída en la actividad delictiva reducirá el gasto en investigaciones, procesos judiciales y reparaciones, generando ahorros adicionales de S/ 95 millones al año para el sistema de justicia y la administración pública.
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