Congreso quiere obligar nuevamente a que empresas con más de 100 trabajadores tengan un trabajador social

El congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Segundo Quiroz Barboza, ha presentado el proyecto de ley 11730 para volver a obligar a las empresas privadas, que tengan más de 100 trabajadores, incorporen al menos un profesional titulado en Trabajo Social. De acuerdo con el documento, de esta forma se espera fortalecer el clima organizacional, la atención psicosocial y la gestión de riesgos laborales, además de “condiciones adecuadas para la salud integral”. También figuran como coautores sus compañeros de grupo parlamentario, Germán Tacuri Valdivia, Elizabeth Medina, Paul Gutiérrez Ticona, Alex Paredes y Jhakeline Ugarte.

El profesional deberá estar colegiado y habilitado. Su labor será la de implementar acciones preventivas, programas de intervención social, diagnósticos situacionales y atención individual o colectiva al personal.

En el caso de que la compañía tenga más de una sede o centro de trabajo, se tendrá que garantizar la cobertura y asistencia efectiva a los empleados de cada establecimiento. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tendrá que supervisar, fiscaliza y sanciona el incumplimiento de las obligaciones establecidas.

La normativa, de aprobarse, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 60 días calendarios, que se cuentan desde que entra en vigor.

El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 constituirá una infracción administrativa grave, conforma la normativa sobre inspecciones laborales y seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, se deja sin efecto el Decreto Supremo N.º 005-2025-TR, que derogó el Decreto Supremo N.º 009-65.

Según el autor del documento, Segundo Quiroz, el proyecto se fundamenta en el principio constitucional de bienestar general y el derecho a la salud, consagrados en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la Constitución Política del Perú. En ese sentido, subraya la necesidad de garantizar a los trabajadores un entorno digno y humanizado, abordando los artículos legales que respaldan el acceso a condiciones laborales justas y seguras.

La iniciativa responde a la presunta urgencia por restituir el rol profesional del Trabajo Social en los espacios laborales, luego de su exclusión con el Decreto Supremo N.º 005-2025-TR. Esta situación generó un vacío en el marco preventivo que protegía a los empleados, al eliminar el acompañamiento especializado en salud ocupacional y en apoyo integral dentro de las empresas, indica el legislador.

Experiencias de países como Ecuador, Colombia y Chile han institucionalizado la presencia del Trabajo Social en el sector empresarial, respaldados por normativas propias y por recomendaciones internacionales. Organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) abogan por su integración en programas de salud ocupacional y bienestar.

El Trabajo Social se define en la propuesta como un rol estratégico. Su formación abarca diagnóstico social, enfoque sistémico y manejo de redes de apoyo, atributos que le permiten detectar factores de riesgo psicosocial, actuar en la mediación de conflictos y vincular a las empresas con políticas de protección social. Este perfil facilita anticiparse a problemáticas como el estrés, el acoso y el desequilibrio entre el trabajo y la vida familiar, así como potenciar el impacto de programas sociales en el ámbito empresarial.

Es un profesional especializado en la intervención social tanto a nivel individual como comunitario. Su labor consiste en analizar situaciones de vulnerabilidad, diseñar estrategias de acompañamiento y facilitar el acceso a recursos que favorecen el desarrollo integral de las personas. En el contexto laboral, el trabajador social aborda factores que inciden en la convivencia, salud mental y rendimiento, y actúa como puente entre los empleados, la organización y las políticas públicas, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros y solidarios.

En el Perú, esta profesión se puede estudiar tanto en el ámbito público, como el privado. En este caso, sería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) o la Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP).

Diversos profesionales rechazaron la medida del Parlamento, cuando el Poder Ejecutivo aprobó la norma. Uno de los legisladores que se encontraban a favor de la norma. Segundo Montalvo, de Perú Libre, expresó su descontento.

“Este Decreto Supremo 0052 1025 del Ministerio de Trabajo es un golpe a los derechos laborales conquistados por los trabajadores en el Perú, en este caso de los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales son profesionales necesarios que garantizan el bienestar laboral y la prevención de conflictos empresariales. También la atención de problemáticas familiares”, acotó por medio de su cuenta de Facebook.

“La mediación especializada en centros de trabajo. Basta de eliminar a nuestros profesionales y desconocer los derechos laborales que contempla la Constitución Política. Los trabajadores sociales en el Perú tienen todo mi respaldo, también de los congresistas del Bicentenario, porque fuimos elegidos para defender sus derechos. Unidos haremos respetar lo que han ganado”, añadió.

De acuerdo con el legislador, esta medida concuerda con diversas normas internacionales, como:

• Organización Internacional del Trabajo (OIT): recomienda incluir la atención psicosocial como parte de las condiciones laborales dignas y saludables.
• Federación Internacional de Trabajo Social (FITS): “El Trabajo Social debe ser integrado en sistemas laborales para promover el bienestar, la resiliencia y los derechos humanos en el entorno ocupacional”.
• Organización Panamericana de la Salud (OPS): “El bienestar emocional es una condición clave para la productividad sostenible. Se requiere personal especializado en apoyo psicosocial para las empresas.”