Atentado en el Cercado de Lima: detonan explosivo en panadería que ya había denunciado extorsión

Un artefacto explosivo detonado durante la madrugada en una panadería del Cercado de Lima reactivó la preocupación de los pequeños comerciantes frente al delito de extorsión. Es el segundo ataque que sufren los propietarios en menos de una semana, luego de denunciar presiones para pagar cupos que ascendieron rápidamente de 2.000 a 20.000 soles. El incidente no dejó heridos, pero causó daños materiales en la fachada y el interior del negocio, ubicado en el jirón Áncash, cerca del cruce con Huánuco.

Escalada de amenazas y violencia

Según relatos de personas allegadas a la panadería, las amenazas comenzaron en mayo, con llamadas y mensajes que exigían el pago de un cupo inicial de 2.000 soles. Los extorsionadores, identificados como presuntos integrantes de un grupo que se presenta bajo el alias de ‘Los Mejicanos’, aumentaron gradualmente el monto solicitado. Hace apenas cinco días, una explosión similar ocurrió en la vivienda familiar de los dueños, quienes prefieren mantener en reserva la ubicación por seguridad.

“El negocio es familiar, solo rinde para el día a día. Ahora nos piden 20.000 soles, algo imposible de pagar. Ya atacaron la casa y ahora el local”, relató uno de los afectados. A pesar de haber denunciado los hechos ante la Policía Nacional, los propietarios señalan que no han recibido respuesta oportuna. “Nos dieron un número de WhatsApp para comunicarnos, pero los mensajes nunca son leídos. Nos sentimos solos”, agregó.

La última explosión ocurrió a las 4:23 a.m. Fueron captadas imágenes de un sujeto que coloca el artefacto en la entrada. La detonación dañó la reja, los vidrios y los mostradores del negocio, que lleva varios años funcionando en el distrito. En esta ocasión, solo se reportaron daños materiales, pero crece la preocupación ante el riesgo para la integridad de la familia, especialmente los hijos.

Falta de respuesta y temor en la comunidad

El temor se propaga entre los pequeños comerciantes y vecinos de la zona, quienes ven en la situación un reflejo de la falta de respuesta de las autoridades frente a la extorsión. La denuncia de los propietarios, presentada tras el primer ataque, no ha derivado en medidas de protección ni en avances visibles en la investigación policial. “La acción policial es reactiva. Esperan que ocurra un hecho más grave para intervenir. Así, la ciudadanía deja de confiar”, comentó una de las personas allegadas al establecimiento.

Los propietarios insisten en la necesidad de mayor patrullaje y una investigación efectiva. Sostienen que existen números telefónicos identificados, desde los cuales reciben las amenazas y mensajes intimidatorios. La falta de acciones concretas por parte de las autoridades incrementa la vulnerabilidad de quienes, además del local comercial, temen por la seguridad de sus viviendas y familiares.

Propuestas polémicas y contexto normativo

La creciente ola de extorsiones en Lima ha motivado al alcalde Rafael López Aliaga a anunciar propuestas controvertidas. Una de ellas contempla el uso de drones equipados con inteligencia artificial y sistemas de advertencia sonora para disuadir a los delincuentes. López Aliaga sugirió que estos dispositivos podrían emitir mensajes directos como “o te paras o exploto”.

La iniciativa generó críticas y abrió un debate sobre sus implicancias legales y de seguridad. El uso de drones armados vulneraría la Ley Nº 3074, que regula las operaciones de aeronaves pilotadas a distancia en Perú, exigiendo la protección de personas y bienes. Además, el Código Penal sanciona el peligro común por explosión, lo que incluye la mera amenaza de emplear artefactos explosivos en espacios públicos.

Expertos y representantes del sector legal afirman que la propuesta del alcalde no solo transgrede la normativa vigente, sino que incrementaría el riesgo para los transeúntes. La preocupación se suma a la sensación de inseguridad que ya experimentan los comerciantes afectados por la violencia extorsiva.

La panadería atacada en el Cercado de Lima continúa operando, pese al miedo y las pérdidas materiales. Sus propietarios exigen medidas claras y una investigación real para frenar la escalada de violencia y proteger a los pequeños comercios de la capital frente a las mafias de extorsionadores.