El presidente de la Asociación Odonto Perú, Yener López, denunció este jueves al Comité Nacional de Pregrado en Salud (CONAPRES), adscrito al Ministerio de Salud, por presunto conflicto de interés y cobros indebidos en el acceso al internado universitario en carreras de Ciencias de la Salud.
En un pronunciamiento público, señaló que Luis Huarachi Quintanilla ejerce una doble presidencia, pues es simultáneamente titular de la CONAPRES para el periodo 2024-2025 y presidente electo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) para el mismo periodo. Esta dualidad, explicó López, compromete la transparencia de las decisiones adoptadas por ese comité.
Uno de los puntos más graves de la denuncia se basa en un acta de una sesión ordinaria donde se acuerda establecer como requisito para los estudiantes universitarios de salud la aprobación de un “examen de aptitud” para acceder a las plazas de internado.
Según el acta, ese examen estaría a cargo de asociaciones privadas como ASPEFAM (medicina), ASPEFO (odontología), APEFEEN (enfermería), entre otras. López cuestiona que estos exámenes tengan costos diferenciados y elevados: en 2024, el examen ordinario de ASPEFAM costó S/ 250, mientras que el extraordinario alcanzó S/ 800.
Denunció que ese dinero no ingresa a las arcas del Estado ni al Ministerio de Salud, sino a cuentas privadas de las asociaciones, las cuales no rinden cuentas públicas. “No existe información económica en sus portales web y, cuando se ha solicitado, como en el caso de ASPEFO, han respondido que no están obligados a entregar dichos informes por ser entidades privadas”, indicó.
Recordó que, según una resolución del portafolio, rendir el Examen Nacional de Medicina (ENAM), Odontología (ENAO) u otros similares no es requisito obligatorio para realizar el internado universitario. Además, afirmó que el marco normativo vigente establece que las universidades —no asociaciones privadas— son las únicas autorizadas a definir los requisitos académicos para sus estudiantes.
El vocero agregó que, conforme a la Ley General de Educación, el acceso al internado forma parte de la malla curricular y no debe condicionarse a evaluaciones impuestas por asociaciones privadas. “Imponer este tipo de exámenes es ajeno a la ley universitaria y representa una barrera burocrática ilegal”, señaló.
Como antecedente, citó una resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que declaró como barrera burocrática ilegal la exigencia de aprobar el ENAM para inscribirse en el Colegio Médico del Perú. También mencionó un decreto supremo reciente que dejó sin efecto la obligación de rendir exámenes privados (como ENAM, ENAO, ENAE, ENAOBS) para ingresar al programa SERUMS, debido a sus altos costos y falta de respaldo legal.
López añadió que esta medida impuesta por CONAPRES vulnera principios constitucionales, como el derecho a la igualdad ante la ley, al generar discriminación por razones económicas. “Las universidades, públicas y privadas, son las únicas autorizadas por ley para definir el acceso al internado. No puede permitirse que asociaciones privadas, bajo nombres similares a facultades de salud, impongan exámenes costosos y sin sustento legal”, remarcó.
Finalmente, informó que la denuncia fue presentada ante INDECOPI, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) y el Tribunal Constitucional para su evaluación y posible sanción.
Internos de UNMSM se pronuncian
La Promoción de Internos 2026 de la Facultad de Medicina San Fernando de la UNMSM, junto con el Centro de Estudiantes de Medicina, expresó su rechazo a la imposición del ENAM como requisito obligatorio para acceder al internado. Señalaron que la medida carece de planificación, excluye la participación de actores clave y genera inequidad, ya que se exige rendir el examen cuando muchas asignaturas y prácticas clínicas aún no han concluido.
Además, advirtieron que esto afectaría la igualdad de condiciones frente al residentado médico. Por ello, pidieron una evaluación justa, técnica y consensuada que respete el derecho a una formación médica equitativa y de calidad.
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