El los últimos dos años y medio, 1819 personas —incluidos docentes y personal administrativo— sentenciadas por delitos como violencia sexual, homicidio y terrorismo ya no tienen espacio dentro del sector educativo. Esta medida, derivada de sentencias firmes, conduce a la expulsión definitiva de quienes resultan responsables de los delitos más graves cometidos en el entorno escolar.
El alcance de esta depuración se extiende también a quienes permanecen investigados o enfrentan procesos disciplinarios: el Minedu bloqueó el ingreso de más de 2 mil denunciados, con el objetivo de impedir que personas sospechadas de atentar contra la seguridad de niños y adolescentes accedan a aulas e instituciones públicas y privadas. Ninguno de ellos podrá retomar labores educativas de ningún tipo bajo el marco legal actual.
Este esfuerzo, que responde a una parte de las obligaciones estatales fundamentales, busca fortalecer la protección de los estudiantes, luego de años en los que el propio sector educativo ha sido escenario de escándalos y denuncias reiteradas por delitos graves cometidos por servidores públicos y personal contratado.
Violencia persistente en las escuelas
El trabajo del Minedu, aunque necesario, enfrenta límites claros en cuanto a la persistencia de la violencia escolar. Las cifras oficiales muestran que el problema permanece lejos de ser resuelto. Solo entre el 17 de marzo y el 30 de abril del 2025, el portal oficial SíSeve registró 2.618 casos reportados de violencia escolar —un promedio de 58 diarios en todo el país—. Estos datos se asemejan a los del año pasado: en ese mismo periodo de 2024, se reportaron 2.633 casos. Las intervenciones administrativas más severas no han logrado, hasta ahora, una disminución significativa en las tasas de violencia que enfrentan estudiantes dentro de las aulas.
Los casos de violencia escolar tienden a concentrarse en Lima, donde las autoridades registraron 1.064 episodios recientes, sumando Lima Metropolitana y Lima provincias. La problemática no se restringe a la capital, con regiones como Callao, Arequipa, Piura, Lambayeque, Áncash y La Libertad encabezando la lista de reportes en el presente año.
En el análisis de los tipos de agresiones, la violencia física encabeza la estadística, con 1.217 casos. Le sigue la violencia psicológica (996 casos), y la violencia sexual, que alcanza los 405 reportes en menos de dos meses. El alcance y la gravedad de estas cifras evidencian la dimensión del desafío: el 68% de los casos involucra situaciones entre alumnos, mientras el 32% corresponde a abuso del personal escolar hacia menores.
En la lucha contra el acoso escolar, los resultados muestran retrocesos. El bullying —considerado una forma de violencia psicológica— aumentó en 80% a nivel nacional entre enero de 2023 y marzo de 2025, según las cifras oficiales recolectadas dentro del sector. La percepción de impunidad y la falta de canales de ayuda agravan la situación: la mitad de las víctimas no busca apoyo, y el ciberbullying afecta a 6 de cada 10 estudiantes. La disponibilidad de profesionales para el acompañamiento es muy limitada: más del 97% de los centros educativos no cuenta con psicólogo, a pesar de la obligación legal vigente desde hace más de una década.
Desafíos pendientes
Frente al diagnóstico que colocó al sector educativo en el centro de la agenda pública, se implementaron nuevas medidas para ampliar las oportunidades de acceso a la educación, pero los resultados aún enfrentan grandes desafíos. El Minedu duplicó el número de becas del programa Beca 18: este año se adjudicaron 20,000 becas, con al menos un beneficiario en cada provincia del país y prioridad para distritos de frontera. El presupuesto de Pronabec registró un aumento superior al 50%, lo que ha fortalecido la presencia estatal en los niveles de formación tecnológica y pedagógica. Actualmente, 98 institutos y escuelas superiores han logrado licenciamiento.
En la educación secundaria, más de dos millones de estudiantes acceden desde este año a formación técnica en cerca de 10.000 colegios públicos que ofrecen Educación para el Trabajo. La idea es facilitar herramientas para una inmediata inserción laboral y contribuir a reducir las brechas en el acceso a empleo juvenil.
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