En un esfuerzo por garantizar espacios escolares seguros, el Ministerio de Educación (Minedu) ha retirado a casi mil personas del sistema educativo —tanto en escuelas públicas como privadas— por estar implicadas en delitos graves, la mayoría de ellos relacionados con violencia sexual.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 29 de mayo de 2025, 972 trabajadores del sector educación —831 docentes y 141 administrativos— fueron separados de sus funciones por tener sentencias condenatorias o procesos judiciales vigentes por delitos como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio y tráfico de drogas. Las expulsiones se aplicaron en 844 colegios públicos y 128 privados en todo el país.
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Del total, 162 personas fueron retiradas de forma definitiva tras haber recibido sentencias del Poder Judicial, mientras que 810 están siendo investigadas y fueron apartadas de forma preventiva. El caso más alarmante es el de los delitos sexuales: 703 docentes y 112 trabajadores administrativos están involucrados en denuncias o condenas por violación a la libertad sexual.
A estos se suman 75 casos por terrorismo y apología del terrorismo, 22 por tráfico ilícito de drogas, 20 por homicidio doloso, 11 por proposiciones sexuales a menores a través de medios digitales, 2 docentes procesados por feminicidio y 1 caso de parricidio con sentencia firme.
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El titular del Minedu, Morgan Quero, destacó que estas medidas se enmarcan en un trabajo sostenido para proteger la integridad de los estudiantes, y se aplican conforme a la Ley N.º 29988, que regula la separación de personal vinculado a delitos graves del ámbito escolar.
Además, el ministerio mantiene bloqueos vigentes a 2086 docentes que están siendo investigados por faltas muy graves, incluidos delitos sexuales y terrorismo. Estas personas están inhabilitadas para ser contratadas o nombradas en cualquier institución educativa del país, como parte de una política de tolerancia cero ante riesgos contra la niñez y adolescencia.
Nuevos casos de violencia sexual en Condorcanqui
La provincia de Condorcanqui, ubicada en la región Amazonas, enfrenta una crisis alarmante debido a la persistente violencia sexual contra niñas y adolescentes, especialmente en comunidades indígenas awajún y wampís. A pesar de las denuncias realizadas en 2024, la situación no ha mejorado. En lo que va del 2025, ya se han registrado más de siete nuevos casos de abuso sexual infantil, según la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc. La mayoría de los agresores son docentes y auxiliares que, a pesar de las denuncias, continúan ejerciendo funciones en escuelas públicas.
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Un informe de la UGEL Condorcanqui revela que entre enero y marzo de este año se presentaron 10 denuncias más, sumándose a un histórico de más de 580 casos desde 2010. Las víctimas más frecuentes son niñas de 11, 10, 9 y hasta 7 años. La situación se agrava por el aumento de infecciones de VIH en menores, una consecuencia directa de los abusos. Condorcanqui es, según Ojo Público, la segunda provincia con más diagnósticos de VIH en menores en los últimos cinco años. Rosemary Pioc lamenta que el Gobierno siga ignorando la magnitud del problema: “Estamos preocupadas. Seguimos viajando para investigar estos casos”.
Frente a la falta de acción del Estado, el Consejo de Mujeres Awajún ha iniciado una campaña para construir un refugio temporal en el barrio Vista Alegre. Este espacio no solo acogería a víctimas mientras denuncian sus casos, sino que también fomentaría el desarrollo de emprendimientos femeninos, becas y talleres para las sobrevivientes. Además, recolectan insumos como toallas higiénicas, tras conocerse casos de abuso sexual a cambio de estos productos.
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Condorcanqui encabeza la lista de provincias con más docentes investigados por violación sexual: 469 de los 2.086 bloqueados por el Ministerio de Educación pertenecen a esta zona. A nivel nacional, el Minedu ha identificado a 665 docentes y 107 administrativos con denuncias o sentencias por violencia sexual, pero ninguna otra provincia iguala los niveles de gravedad que se viven en esta parte del país. La aplicación de la Ley 29988 permite bloquear a estos agresores del sistema educativo, pero en la práctica, la impunidad persiste.
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