El dictamen que propone garantizar el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, a través de una pensión proporcional a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) fue aprobado por el Pleno el pasado jueves 5 de junio en primera votación.
Esto haría que se de un incremento en las pensiones que reciben estos profesores, proporcional a la RIM de la primera escala magisterial, que supondría un aumento de S/800 a S/3.300,60. Si bien ahora se esperaba que pasara segunda votación, esto podría estar en jaque.
Luego de que diera este voto, el congresista de Fuerza Popular César Revilla Villanueva presento una reconsideración para que el dictamen retorne a la Comisión de Presupuesto.
Medida se aprobó en Pleno
Como se sabe, la propuesta dispone el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú. También busca garantizar que estos obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida “decente”.
En el Pleno del Congreso, así, el dictamen fue aprobado, en primera votación, con 54 a favor, cero en contra y 12 abstenciones. Para validarse totalmente, y esperar a la promulgación de la presidenta Dina Boluarte deberá darse la segunda votación dentro de siete días calendario.
Con esta Ley se establecería “una pensión para los maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación básica especial y la educación técnico-productiva, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, y en la Ley 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP)”.
“Dichas pensiones serán equivalentes al monto de la Remuneración íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial y serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación”, aclara la norma. Este valor es de S/3.300,60 actualmente.
Se encuentra en reconsideración
Sin embargo, la medida, tras el pedido de César Revilla, del grupo parlamentario Fuerza Popular, se encuentra en reconsideración, como se puede comprar en el portal oficial del Congreso.
“Es grato dirigirme a usted con el propósito de saludarlo y a la vez manifestarle que, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento del Congreso (...) ’las reconsideraciones se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de Congresistas’“, señaló Revilla.
Así, Revilla presentó una reconsideración respecto de del proyecto de ley N° 3864 y otros, “que proponen garantizar el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú”, con lo que cual solicita también que retorne a la Comisión de Presupuesto.
Como se recuerda, durante el debate los congresistas votaron dos cuestiones previas, una para que el dictamen regrese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta general, y otra para que vuelva a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera. Ambas fueron votadas y rechazadas.
Ejecutivo consideró no viable
anteriormente, instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación emitieron opiniones considerando que la medida no era viable.
- El MEF concluye que la medida no es técnicamente viable. “El análisis revela que el proyecto carece de un estudio de costo-beneficio que permita asegurar su sostenibilidad financiera en el tiempo”, agrega
- El Minedu concluye que la propuesta no es viable legal ni presupuestariamente. “La Oficina General de Asesoría Jurídica del MINEDU señala que la propuesta de homologar las pensiones a la primera escala de la Ley 29944 (Ley de Reforma Magisterial) contradice la normativa vigente, particularmente en lo relacionado con la prohibición de nivelar pensiones con las remuneraciones activas, lo cual está prohibido por la Ley 28449″
- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por su lado, señala que el proyecto no es viable debido a la falta de un análisis detallado de los impactos económicos y financieros.
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