En su sesión del viernes 16 de mayo, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera del Congreso votó a favor del dictamen que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.
Esta medida tiene como objetivo garantizar el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, a través de una pensión proporcional a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM).
Así, esto significa que se validaría un incremento en las pensiones que reciben los profesores, proporcional a la RIM de la primera escala magisterial, que supondría subir estas pensiones de S/800 a S/3.300. Según la norma, esto responde al principio de progresividad en el sector Educación.
Aumento de pensión para maestros
La finalidad de este dictamen, que ahora solo espera su pase al Pleno del Congreso, es que los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial “obtengan una remuneración adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente”.
Así, los beneficiados por esta medida serían aquellos profesores jubilados y cesantes de la educación básica regular, alternativa y educación básica especial, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, y en la Ley 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP); es decir, cuyos fondos son manejados por una AFP. “Ahora dichas pensiones deben guardar correlación con la Remuneración Integra Mensual (RIM)”, aclara el texto.
Según los datos y estimaciones que revela el dictamen, la pensión actual sería de S/800 y va para 162 mil maestros jubilados, por lo que se estimado unos egresos anuales (costo) de S/1 mil 555 millones 200 mil. Mientras que con la nueva pensión de S/3.300 el costo subiría a S/6 mil 415 millones 200 mil.
Sin embargo, el análisis la Comisión de Economía sobre la medida afirma que “en conjunto, los beneficios sociales, económicos e institucionales superan ampliamente cualquier carga fiscal percibida, más aún cuando se considera que las fuentes de financiamiento propuestas no implican un gasto adicional directo al erario nacional”.
“La fuente de la estimación proyectada está en los impuestos cobrados a las instituciones educativas privadas, así como el impuesto a la quinta categoría que actualmente se cobra a los docentes en ejercicio”, agrega.
Resaltan impacto económico positivo
El dictamen enumera once proyectos de ley acumulados, ante los cuales instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación se han mostrado en contra, señalando que la medida no es viable.
- El MEF concluye que la medida no es técnicamente viable. “El análisis revela que el proyecto carece de un estudio de costo-beneficio que permita asegurar su sostenibilidad financiera en el tiempo”, agrega
- El Minedu concluye que la propuesta no es viable legal ni presupuestariamente. “La Oficina General de Asesoría Jurídica del MINEDU señala que la propuesta de homologar las pensiones a la primera escala de la Ley 29944 (Ley de Reforma Magisterial) contradice la normativa vigente, particularmente en lo relacionado con la prohibición de nivelar pensiones con las remuneraciones activas, lo cual está prohibido por la Ley 28449″
- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por su lado, señala que el proyecto no es viable debido a la falta de un análisis detallado de los impactos económicos y financieros.
A pesar de esto, el dictamen señala que “negar una pensión adecuada a los maestros jubilados equivale a desconocer su contribución histórica al desarrollo del país. Pero además, afecta su salud física y emocional, los expone a la pobreza y limita su participación en la vida comunitaria”.
Asimismo, desde una perspectiva económica, la comisión afirma que esta mejora de las pensiones para los docentes jubilados no solo responde a un principio de equidad, sino que “constituye una medida con efectos multiplicadores sobre la economía nacional y, en particular, sobre las economías locales. La mayoría de los maestros jubilados reside en zonas rurales, urbano-marginales o intermedias, donde el gasto público —especialmente en salarios y pensiones— representa uno de los principales motores del consumo interno".
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