Congreso aprobó la reforma al Decreto Legislativo 1666: ¿De qué trata y cómo beneficia a los trabajadores públicos?

Este jueves, el Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen del Proyecto de Ley 11286/2024 –CR, que modifica el Decreto Legislativo 1666. Esta reforma tiene como objetivo principal establecer una gestión fiscal más eficiente y transparente de los recursos humanos del sector público, en especial de los trabajadores y funcionarios públicos.

A través de esta modificación, se busca optimizar la administración de los ingresos del personal estatal, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y protegiendo los derechos laborales de los empleados públicos.

El proyecto de ley fue presentado hace menos de un mes y firmada por una serie de parlamentarios, incluidos Fernando Rospigliosi, Luis Aragón, Patricia Juárez, entre otros.

Durante la sesión plenaria del Congreso, el dictamen obtuvo 90 votos a favor. En su sustentación, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi, destacó que el dictamen es el resultado de un proceso de diálogo técnico y democrático.

En este proceso participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y gremios del sector público, como la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE) y el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social (Sines).

¿Qué busca la modificación del Decreto Legislativo 1666?

El objetivo principal de la modificación al Decreto Legislativo 1666 es restablecer el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector público.

La iniciativa tiene como fin garantizar una gestión fiscal eficiente, sin poner en riesgo los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes laborales peruanas.

La reforma está orientada a lograr una gestión más controlada de los pagos a los trabajadores y funcionarios públicos, asegurando que estos se efectúen conforme a la normativa vigente.

A su vez, se refuerza el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la gestión de las planillas públicas, estableciendo un sistema de supervisión centralizada que permita garantizar el cumplimiento de la normativa y el uso adecuado de los recursos.

Acciones clave del proyecto de modificación del Decreto Legislativo 1666

La modificación del Decreto Legislativo 1666 presenta varias acciones clave para mejorar la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público:

• Fortalecimiento de la DGGFRH: La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) gestionará y supervisará las planillas del sector público, asegurando que toda la información se registre en el sistema AIRHSP.
• Restricción en los pagos: Se prohíbe el pago de conceptos no incluidos en el Catálogo Único de Conceptos (CUC), excepto en casos de convenios colectivos, laudos arbitrales o decisiones judiciales.
• Verificación salarial: La reforma obliga la validación previa de cualquier modificación en la estructura salarial, lo que garantiza que los ajustes sean legales y transparentes.

Beneficios para los trabajadores del sector público

El proyecto de ley de la reforma del Decreto Legislativo 1666 también precisa beneficios significativos para los trabajadores del sector público, especialmente en cuanto al respeto a sus derechos laborales y la protección de sus beneficios adquiridos.

Uno de los puntos más relevantes es la observancia del principio de buena fe en la negociación colectiva entre el Estado y los trabajadores. El proyecto subraya que deben respetarse los derechos colectivos establecidos en la Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales ratificados por Perú.

Asimismo, garantiza que los acuerdos colectivos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, mantengan su eficacia y vigencia. Esto asegura que los beneficios adquiridos por los empleados públicos mediante acuerdos previos no sean modificados por las reformas legislativas.

Además, la modificación introduce un sistema de validación de los ingresos, lo que implica que la información sobre los pagos debe estar sustentada en el marco normativo vigente. Sin embargo, se asegura que esto no afecte los beneficios obtenidos a través de convenios colectivos o laudos arbitrales, protegiendo así los derechos de los trabajadores.