La Fiscalía de la Nación ingresó una denuncia constitucional ante el Congreso contra Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, actual defensor del Pueblo, al atribuirle el presunto delito de nombramiento ilegal de una militante de Alianza para el Progreso (APP). Según el comunicado oficial difundido este 4 de junio, el funcionario, con apoyo de áreas administrativas de la entidad, habría designado de forma irregular a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad.
De acuerdo a la investigación fiscal, el defensor propuso el nombramiento de Olórtegui Risco a sabiendas de que no cumplía los requisitos legales exigidos por el Manual del Clasificador de Cargos de la institución.
Este incidente se suma a una serie de investigaciones y cuestionamientos públicos sobre nombramientos en instituciones del Estado, reavivando el debate parlamentario sobre los mecanismos de selección y los controles frente a la discrecionalidad en cargos de confianza.
La medida se interpuso luego de que el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Ruiz Briones, denunciara penalmente a la funcionaria, argumentando que no cumple con el perfil e infringe la Constitución Política del Perú, ya que aún está afiliada a un partido político.
En su documento anexó el pronunciamiento del Colegio de Abogados de La Libertad, en el que se expresa una “profunda preocupación” por la designación de Olórtegui Risco como titular de la Defensoría del Pueblo en La Libertad.
“Causa extrañeza que la designación haya recaído en una profesional en psicología sin experiencia e idoneidad acreditada para los fines que serían propias de su función, cuando el perfil para tan importante cargo debería ser más bien el de un abogado con especialidad o experiencia en derechos humanos o afines. Se está contraviniendo los principios establecidos por la Constitución Política del Perú”, se lee en el pronunciamiento.
Contraloría también advirtió de irregularidad
La Contraloría General de la República confirmó las irregularidades en la designación de funcionarios vinculados al partido Alianza Para el Progreso (APP). El informe N.º 001-2025-2-0680-SCE expone que María del Carmen Olórtegui accedió a un puesto clave sin acreditar experiencia ni formación que respalden su idoneidad para las funciones asignadas, lo que pone en tela de juicio la transparencia e imparcialidad en los procesos de selección.
El documento expone que la funcionaria estuvo afiliada al partido de César Acuña entre julio de 2023 y marzo de 2024, aunque anteriormente había formado parte de Fuerza Popular. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), su afiliación a APP quedó registrada oficialmente el 4 de julio de 2023,y terminó el 5 de marzo de 2024. Este hecho infringe la Directiva N.º 002-2019/DP, que prohíbe a los servidores públicos en cargos de confianza mantener vínculos partidarios mientras ejercen sus funciones.
¿Qué dijo María Olórtegui?
María Olórtegui no solo defendió su idoneidad, sino que descartó su renuncia. “Yo con respecto a eso solamente tengo que decir que mi asignación al puesto que yo tengo, lo he explicado desde un inicio, todo se ha dado conforme a lo legal y eso (denuncias) más bien distrae. Hay tantas cosas aquí en La Libertad que (tengo que) atender, como Defensoría del Pueblo, que ya eso se ha respondido en su momento”, dijo según declaraciones recogidas por Correo.
Su caso no es el único. También se alertó de la designación de Juan José Canales, quien, según un reportaje de Cuarto Poder difundido en enero, adquirió un inmueble de 1.200.000 dólares en 2016 para luego transferirlo a César Acuña, líder de APP. Posteriormente, Canales obtuvo contratos con el Gobierno Regional de La Libertad—también bajo control de APP—por S/ 210,000 en 2017 y S/ 30,000 en 2018.
El órgano de control gubernamental observó la vinculación de Canales con el estudio jurídico del secretario general de APP, Luis Valdez, así como la falta de documentación suficiente sobre su experiencia en la administración pública. Concluyó que no se encontró evidencia clara sobre sus funciones en la Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior.
En defensa, el exfuncionario ha negado que exista relación entre estos pagos y la transferencia del inmueble, pues asegura que correspondieron a honorarios profesionales.
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