La Contraloría General de la República ha puesto en evidencia una serie de irregularidades en los nombramientos realizados dentro de la Defensoría del Pueblo, especialmente en la designación de funcionarios vinculados al partido Alianza Para el Progreso (APP). En su informe N.º 001-2025-2-0680-SCE, se detalla que María del Carmen Olórtegui y Juan José Canales, quienes fueron asignados a puestos clave dentro de la institución, no cumplían con los requisitos de experiencia y formación para los cargos, lo que ha generado serias dudas sobre la imparcialidad y transparencia de los procesos de selección.
Olórtegui fue nombrada jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad en noviembre de 2024, y Canales asumió el cargo de jefe de Gabinete en junio del mismo año. Ambos nombramientos estuvieron marcados por la falta de documentación que acreditara la experiencia necesaria para el cargo, así como por su afiliación activa a APP, lo que contraviene la normativa de neutralidad política que rige la Defensoría del Pueblo. Este informe de la Contraloría ha puesto en evidencia no solo problemas administrativos, sino también posibles violaciones a la normativa sobre la imparcialidad política de los funcionarios públicos.
Los cuestionamientos a Canales: compras sospechosas y vínculos con APP
Un reportaje de Cuarto Poder de enero de este año reveló hechos adicionales que incrementan la controversia en torno a Juan José Canales, quien renunció a su cargo en la Defensoría el 28 de febrero de 2025. Según la investigación, en el año 2016, Canales compró un inmueble de 1.200.000 dólares en Jesús María, y poco después lo puso a nombre de César Acuña, líder de APP.
Según La República, tras la adquisición del inmueble, Juan José Canales Durand obtuvo contratos con el Gobierno Regional de La Libertad, que estaba bajo el control de Alianza Para el Progreso (APP). En 2017, recibió S/ 210,000, y en 2018, S/ 30,000. El exfuncionario rechazó cualquier vínculo entre los contratos y su compra, argumentando que el pago correspondía a honorarios por el trabajo realizado en la compraventa del inmueble, y no a un favor político.
Además, el exfuncionario formaba parte de un estudio jurídico junto al secretario general de APP, Luis Valdez. Esta serie de hechos ha despertado aún más sospechas sobre los intereses políticos detrás de su nombramiento en la Defensoría del Pueblo.
La Contraloría también destacó que Canales no presentó documentación suficiente que acreditara su experiencia en el cargo, lo que sumó una nueva irregularidad a su proceso de designación. La falta de pruebas que vincularan a Canales con las funciones desempeñadas en el Ministerio del Interior, específicamente en la Dirección General de Migraciones y Naturalización, también fue señalada por el informe, subrayando que no se pudo identificar la misión de su puesto ni su relación con los sistemas administrativos de gestión pública.
La afiliación política de Olórtegui y Canales
En cuanto a Olórtegui, el informe de la Contraloría también subraya su vinculación política con Alianza Para el Progreso. La funcionaria estuvo afiliada al partido entre julio de 2023 y marzo de 2024, aunque anteriormente había formado parte de Fuerza Popular. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), su afiliación a APP quedó registrada oficialmente el 4 de julio de 2023, y terminó el 5 de marzo de 2024. Por su parte, Canales, quien renunció a la Defensoría en febrero de 2025, mantiene su militancia activa desde marzo de 2018.
Ambos casos violan la Directiva N.º 002-2019/DP, que prohíbe a los servidores públicos en cargos de confianza mantener vínculos partidarios mientras ejercen sus funciones. Esta normativa tiene como objetivo asegurar la imparcialidad y evitar influencias políticas externas dentro de instituciones como la Defensoría del Pueblo, encargada de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La respuesta del Defensor del Pueblo
Ante las revelaciones de la Contraloría, el medio La República consultó al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sobre las acciones que tomará frente al informe. El defensor afirmó que aún no había revisado el documento, aunque destacó la importancia de considerar las recomendaciones de la Contraloría. “Son recomendaciones que hay que tomar en cuenta. En lo personal, yo soy muy respetuoso. Si hay decisiones importantes, tomo decisiones rápidas”, señaló Gutiérrez. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre las posibles medidas que podría adoptar la institución.
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