Redes del narcotráfico avanzan en la Amazonía peruana con violencia e impunidad, afectando a más de 270 comunidades indígenas, según informe

En el extremo oriental del país, donde los ríos son caminos y el bosque marca los límites del mundo habitable, el narcotráfico no solo se abre paso con avionetas y cultivos ilegales, también desplaza, somete y mata. Un nuevo informe titulado Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana. Rutas, impactos y políticas erradas alertó sobre el impacto del tráfico ilícito de drogas en territorios indígenas de la Amazonía peruana, revelando una situación de desprotección crónica, ausencia estatal y violencia sistemática que compromete tanto la integridad de los pueblos originarios como la del ecosistema amazónico.

El estudio advirtió que al menos 274 comunidades nativas y cuatro reservas para pueblos en aislamiento voluntario ya se encuentran afectadas por economías ilegales vinculadas al narcotráfico. La expansión de esta actividad no se limita a un fenómeno reciente, sino que responde a una continuidad histórica de ciclos extractivos promovidos desde el exterior.

Pistas clandestinas, contratos fraudulentos y ocupaciones forzadas configuran un escenario donde el narcotráfico no solo aprovecha las debilidades legales del país, sino que se asienta en ellas. Más de 717 comunidades no cuentan con títulos de propiedad, una situación que, según el informe, representa un “factor determinante en su vulnerabilidad”. En ese contexto, las mafias avanzan con la complacencia de la impunidad.

Los investigadores documentaron, además, 27 asesinatos de líderes indígenas hasta enero de 2025, casos que reflejan una violencia sistemática contra quienes defienden sus territorios. “Los líderes comunitarios son criminalizados, amenazados y asesinados, sin que exista protección efectiva del Estado”, se lee en el documento.

Territorios expuestos y rutas definidas

La ocupación territorial por parte de las redes del narcotráfico se sustenta, en gran medida, en la informalidad legal y la escasa capacidad estatal para garantizar derechos básicos. El informe identifica rutas específicas del tráfico que atraviesan territorios comunales sin títulos formales, lo que permite una avanzada sostenida del crimen organizado.

Según la investigación, las rutas de salida de drogas desde la selva central y norte están asociadas a pistas de aterrizaje construidas en zonas indígenas. Estas infraestructuras, lejos de ser ocultas, operan a plena luz del día en lugares donde la presencia estatal es mínima o nula.

El problema no se limita a lo territorial. Los impactos abarcan ámbitos sociales, económicos y culturales. Comunidades sin alternativas productivas terminan siendo absorbidas por la economía de la cocaína, situación que refuerza un ciclo de dependencia, criminalización y exclusión. “La economía ilegal se impone como único sustento viable en zonas donde el Estado solo llega con operativos”, se denuncia en el estudio.

Políticas erradas y ausencia de enfoque intercultural

El documento critica con dureza las políticas públicas implementadas hasta el momento. En particular, cuestiona el uso prolongado de estados de emergencia, como el que rige en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) desde hace más de tres décadas. “Estos regímenes excepcionales no han desmantelado las economías ilícitas ni protegido a las poblaciones vulnerables”, señala.

Más allá de los estados de emergencia, el informe también cuestiona la efectividad de los planes de desarrollo promovidos por el gobierno. “Los instrumentos históricos de política pública no tienen mecanismos interculturales para enfrentar el narcotráfico”, precisa. Añade que las estrategias de erradicación de cultivos y la interdicción policial han generado efectos adversos como la deforestación y el desplazamiento forzado.

Una de las conclusiones centrales del análisis apunta al divorcio entre las políticas de seguridad y las necesidades reales de las comunidades. “Ninguna de las políticas, planes, estrategias y proyectos ha resuelto las demandas fundamentales de la población indígena sobre su territorio”, sostiene el documento, que denuncia un aumento de invasiones de tierras y la construcción de infraestructuras ilícitas en zonas protegidas.

Criminalización y resistencia

El informe también examina la creciente criminalización de los defensores indígenas. En un contexto donde los intereses ilícitos se consolidan con violencia, los líderes comunitarios enfrentan procesos judiciales arbitrarios, amenazas constantes y ataques directos. “Existe un patrón de persecución contra quienes defienden sus territorios ancestrales”, indica el informe.

Uno de los casos más representativos fue el asesinato de cuatro dirigentes indígenas asháninkas en la región Ucayali, ocurrido en 2023. Según los testimonios recogidos en el informe, las víctimas habían denunciado la tala ilegal y el cultivo de coca dentro de su territorio. Ninguno de los autores materiales ni intelectuales del crimen fue sancionado.

El estudio propone una respuesta distinta: el reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas como actores políticos. “Deben dejar de ser tratados como víctimas pasivas y ser incluidos como protagonistas en las decisiones sobre sus territorios”, se afirma. En ese sentido, la organización instó al Estado a adoptar un enfoque intercultural, garantizar la titulación de tierras y priorizar la protección de los líderes.

Esta ocupación sistemática no solo despoja a las comunidades indígenas de sus territorios. También representa un riesgo para su supervivencia física y cultural. “De continuar esta peligrosa tendencia, se corre el riesgo de exterminar irreversiblemente a la población nativa”, advierten los autores. La desaparición de comunidades también implicaría la destrucción de ecosistemas únicos y, con ellos, del equilibrio ambiental de la región.

La Amazonía peruana, concluyó el informe, enfrenta una encrucijada crítica. El narcotráfico avanza no solo como un negocio ilegal, sino como un modelo de ocupación territorial que reproduce viejas formas de extractivismo y exclusión. El Estado, hasta ahora, no ha estado a la altura del desafío.