Una nueva norma aprobada por el Congreso y promulgada en el diario oficial El Peruano ha generado preocupación entre organizaciones periodísticas y medios de comunicación. Se trata de la Ley 32351, que modifica el artículo 46 de la Ley 30364 y establece el acceso obligatorio al 10% de la programación de los medios de comunicación públicos y privados.
Según los sustentos de la norma, este espacio estaría destinado a contenidos sobre prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Así, permitiría que nueve ministerios, además de otras entidades estatales, accedan de manera gratuita a dichos espacios en medios nacionales.
El acceso se canalizará a través de lo que se denomina “franja educativa”, pero diversos gremios de prensa han advertido que se trata de un mecanismo que abre la puerta al control de contenidos y la imposición de pautas oficiales.
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), a través de un comunicado oficial, expresó su profunda preocupación y absoluto rechazo a esta imposición, al considerar que representa una forma de intervención directa en la línea editorial de los medios. La institución advirtió que la medida “vulnera principios fundamentales de la libertad de expresión y la independencia editorial” que deben regir en los medios privados.
“Imponer por ley un porcentaje fijo y obligatorio representa una seria amenaza a los principios democráticos”, advierte el pronunciamiento. La SNRTV exhortó al Congreso a derogar la norma y construir políticas públicas que no interfieran con el ejercicio libre de la prensa.
¿Qué ministerios se beneficiarán?
El cambio legal beneficia directamente a nueve ministerios que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Estas instituciones son:
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
- Ministerio del Interior (MININTER)
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)
- Ministerio de Salud (MINSA)
- Ministerio de Educación (MINEDU)
- Ministerio de Cultura (MINCUL)
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
También se incluye al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y los gobiernos regionales y locales.
La respuesta del Congreso ante las críticas
La nueva ley ha sido duramente cuestionada por diversos gremios periodísticos, que alertan sobre una posible intromisión estatal en los contenidos de los medios. Además de la SNRTV, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y otras organizaciones han manifestado su rechazo.
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, señaló que esta medida fue aprobada sin diálogo con los medios ni evaluación técnica. “Hace meses quisieron imponer una franja para hablar de criminalidad desde el Gobierno. Esa vez se frenó, pero ahora han conseguido aprobarlo sin diálogo”, recordó.
Uno de los puntos claves es la falta de claridad sobre los contenidos que ocuparían ese espacio obligatorio. “¿Debemos dar espacios dedicados gratuitamente a los actores de este sistema de prevención de la mujer, para decir qué?”. Critican que no haya precisiones sobre el contenido. “Por ello decimos que vulnera varios principios, como la independencia editorial”, advirtió Lainez.
La SNRTV, por su parte, expresó su preocupación, señalando que la norma se aprobó en medio de un proceso electoral, sin mecanismos de diálogo ni justificación técnica.
Frente a las críticas, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió la ley y negó que tenga fines de censura. “Ninguna ley es inmodificable. Aún se pueden poner candados”, indicó, asegurando que el reglamento permitirá precisar los alcances de la franja educativa.
Sin embargo, las declaraciones no han disipado las preocupaciones. Lainez recordó que el Ejecutivo ya había observado este proyecto, advirtiendo que podía vulnerar la autonomía de los medios. “Esas advertencias no fueron suficientes para detener su aprobación por insistencia”, remarcó.
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