El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial, elevó el 26 de mayo la suma que Perú deberá pagar a la compañía española Enagás a 302 millones de dólares, como compensación por la cancelación del proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
La decisión surge tras una solicitud de corrección del laudo arbitral presentado por Enagás, que cuestionaba la cifra establecida inicialmente en diciembre de 2024, la cual ascendía a 194 millones de dólares. El tribunal dio nuevamente la razón a la empresa energética y, tras recalcular intereses, costas y el monto principal, determinó que la indemnización debía ser ajustada en más de 100 millones adicionales. En la compañía que dirige Arturo Gonzalo Aizpiri, la decisión ha sido recibida como una “buenísima” noticia.
La disputa se remonta a 2017, cuando el Estado peruano, entonces al mando del presidente Pedro Pablo Kuczynski, anuló unilateralmente el contrato para el desarrollo del megaproyecto GSP, valorado en cerca de 7.000 millones de dólares. La ruptura se dio en medio del escándalo internacional por corrupción conocido como caso Odebrecht, ya que la constructora brasileña integraba el consorcio junto a Graña y Montero y Enagás, cada una con un 25% de participación.
Desde ese momento, el caso ha estado bajo constante vigilancia por parte de las autoridades peruanas y también ha captado la atención de organismos internacionales. La decisión emitida en diciembre pasado, junto con esta última corrección, representan momentos clave dentro de un proceso que ya supera los seis años de duración.
Obstáculos para repatriar dividendos y compromiso de diálogo
En paralelo al arbitraje, Enagás denunció restricciones para la repatriación de dividendos desde Perú, específicamente los provenientes de su participación en Transportadora de Gas del Perú (TGP). El CIADI consideró que incluir a la empresa dentro de la categoría 2 de la Ley N.º 30737, lo cual bloqueaba estos pagos, constituía una vulneración a los acuerdos bilaterales de protección de inversiones.
Enagás ha expresado su disposición a buscar una solución consensuada. “Reiteramos nuestra voluntad de alcanzar un acuerdo amistoso que permita ejecutar el laudo de forma conveniente para ambas partes”, indicó la firma en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.
La compañía también informó que mantiene depósitos por 65 millones de dólares en entidades financieras peruanas, en cumplimiento con las garantías exigidas por la legislación local.
El impacto económico del nuevo laudo será reflejado en los resultados financieros del primer semestre de 2025, una vez que se complete el análisis técnico correspondiente. Por ahora, el Gobierno peruano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la rectificación del fallo.
Otros arbitrajes contra Perú
El caso Enagás no es el único frente abierto que enfrenta el Estado peruano en tribunales internacionales. En los últimos años, Perú ha sido demandado en múltiples ocasiones ante el CIADI por empresas extranjeras de sectores estratégicos como infraestructura, transporte y energía.
Entre los casos más relevantes figuran el de Kuntur Wasi, que terminó con una indemnización de US$91.2 millones por la cancelación del contrato del Aeropuerto de Chinchero; Metro de Lima Línea 2 S.A., aún en etapa de publicación del fallo; y Brookfield Corporation, cuyo reclamo fue parcialmente aceptado en un conflicto sobre infraestructura energética.
Aunque algunos procesos, como el de Kaloti Metals, han resultado favorables para el país, los laudos adversos conllevan no solo altos costos fiscales, sino también un impacto en la reputación internacional. La ejecución del reciente fallo a favor de Enagás dependerá ahora de la posición que adopte oficialmente el Gobierno peruano, que hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento.
¿Cómo nació la controversia entre Enagás y Perú?
En julio de 2014, el gobierno de Perú otorgó la concesión del proyecto conocido como Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Peruano a un consorcio empresarial que incluyó a Enagás, con una participación del 25%, además de Odebrecht y Graña y Montero. Este proyecto tenía como objetivo mejorar la infraestructura energética del país.
Sin embargo, en enero de 2017, el Gobierno Peruano anunció la finalización del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Esta decisión se debió, según el gobierno, al incumplimiento de ciertas condiciones del contrato.
Posteriormente, el 19 de diciembre de 2017, Enagás, al no ver aplicadas las condiciones contractuales acordadas, solicitó al Estado peruano que iniciara un proceso de trato directo como paso previo a un arbitraje internacional. Para continuar defendiendo sus intereses, Enagás presentó en julio de 2018 una solicitud formal de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con el fin de solucionar las divergencias surgidas tras la terminación del contrato.
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