“No tenemos agua, no tenemos salud”: 11 personas fallecidas y 71 están intoxicadas tras derrame de petróleo en el río Pastaza

Han pasado más de siete meses desde que el petróleo tiñó las aguas del río Pastaza. Fue el 3 de octubre de 2024, cuando unos 40 barriles de crudo escaparon del Oleoducto Norperuano —operado por Petroperú— y se esparcieron por este afluente vital para la vida del Pueblo Achuar, en el distrito de Andoas, región Loreto.

Desde entonces, las comunidades viven una pesadilla. El agua que siempre les dio vida ahora enferma. Lo que antes servía para beber, cocinar, sembrar y curar, se ha convertido en fuente de muerte. En este tiempo, ya han fallecido once personas —seis niñas y niños, cinco adultos— y al menos 71 presentan síntomas de intoxicación por metales pesados: ronchas en la piel, vómitos, diarrea, dolor estomacal, fiebre, debilidad.

Una de las víctimas fue E.B.Z., una niña indígena de solo 10 años. El 8 de abril, cuando su salud ya estaba muy deteriorada, sus familiares intentaron llevarla desde la comunidad de Siwin hasta el centro de salud de San Lorenzo. Tardaron días en el trayecto por río. Esmi murió antes de llegar. No hubo medicamentos, ni personal médico, ni una ambulancia acuática. No hubo quién la salve.

El presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP), Jacob Espinar, cuenta para Infobae Perú que no es la única historia dolorosa. Hay niños con heridas abiertas, adultos que ya no pueden trabajar, familias que temen tomar el agua del río, pero no tienen otra opción. El derrame no solo afectó el agua: también contaminó la tierra. “Ya no se produce lo que comemos: la yuca, el plátano, nuestras plantas medicinales. Todo está mal. Nosotros ya sufrimos por nuestra salud”, denuncia.

A esto se suma una realidad aún más alarmante: los puestos de salud en las comunidades no cuentan con medicamentos, ni con técnicos suficientes, ni con equipamiento básico. El personal médico escasea y no hay capacidad para atender emergencias. “No tenemos botiquines, no hay forma de aliviar los síntomas”, advierte Jacob Espinar. El único centro de salud que dispone de medicamentos y personal médico se encuentra en la ciudad de San Lorenzo, a más de tres días de viaje en bote. Para muchas personas enfermas, especialmente niños y ancianos, llegar hasta allí se vuelve sumamente complicado.

Las comunidades afectadas exigen al Estado la instalación de una mesa multisectorial liderada por la PCM, la remediación ambiental urgente, el suministro de agua segura, atención médica continua y la construcción de un pozo artesanal. También han solicitado la aplicación del Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames de Hidrocarburos, establecido en la Ley N.º 32190.

Jacob Espinar llegó hasta Lima en busca de respuestas. Aunque logró reuniones con funcionarios del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Energía y Minas y de la PCM, el Ministerio de Salud no lo recibió. La reunión multisectorial prometida entre el 26 y el 30 de mayo fue postergada por el cambio de gabinete. La presidenta Dina Boluarte juramentó recientemente a Eduardo Arana como nuevo premier, lo que interrumpió todas las coordinaciones previstas.

Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) supervisó la zona del derrame. Aunque Petroperú reportó inicialmente una afectación de solo 3 mil metros cuadrados, OEFA concluyó que el crudo alcanzó 18 750 metros cuadrados, seis veces más. Sin embargo, durante la reunión con Espinar, los representantes de OEFA aseguraron que “no había contaminación”. El líder achuar respondió indignado: “Eso creo que ahí están engañándole. Las cochas están negras, nuestras plantas medicinales se han perdido, y las chacras ya no dan”.

Hasta el momento, las promesas de Petroperú tampoco se han cumplido. “Lo que comprometieron fue remediación, compensación, indemnización. Esos tres puntos. Y hasta ahora no tenemos respuesta”, declaró. La empresa estatal solo repartió agua en tres ocasiones, y en cantidades insuficientes para la cantidad de personas afectadas. “Mayormente las personas tienen muchos hijos, y no alcanza para todos”, explicó.

Ante la falta de atención médica, Gabriel Barria, coordinador regional de metales pesados de la GERESA Loreto, informó que se realizaron cuatro brigadas médicas desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025, y que una nueva brigada está prevista del 20 al 31 de mayo. Las acciones incluyeron atención médica casa por casa, entrega de medicamentos, vacunación, triaje y charlas sobre el uso del agua, señala.

Sin embargo, Barria reconoció durante una entrevista que no tenía conocimiento oficial de las 11 muertes ni de los 71 intoxicados hasta que fue informado por este medio. Se comprometió a elevar el caso a la Red de Salud del Datem del Marañón y ofreció ayudar a coordinar una reunión entre Espinar y el MINSA.

¿Y Petroperú?

Petroperú, la empresa estatal responsable del oleoducto, no ha cumplido con las acciones de remediación ni ha participado activamente en la rehabilitación de la zona, según denuncian los apus y líderes indígenas. A pesar de ello, pretende iniciar operaciones en el Lote 64, sin haber reparado aún el daño causado en el Lote 192.

Infobae Perú intentó obtener una respuesta oficial de Petroperú, pero hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS) del OEFA, Petroperú acumula 666 infracciones por faltas ambientales, con sanciones que ascienden a 36,086.93 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Entre 2017 y 2024, el OEFA ha registrado 467 infracciones, de las cuales el 97% —455 casos— corresponden a Petroperú, según información recopilada por Ojo Público. Del total sancionado, que supera los S/111 millones, la empresa estatal ha pagado poco más de S/102 millones, quedando pendientes multas emitidas entre 2019 y 2023.

El caso del derrame en el río Pastaza no es aislado. Se inserta en un patrón de incumplimientos ambientales que pone en entredicho la actuación de Petroperú en territorios indígenas. Mientras las comunidades siguen esperando acciones concretas, la falta de acceso a agua segura, atención médica y reparación efectiva sigue siendo una deuda pendiente del Estado y de la empresa responsable.