La tarde del martes 13 de mayo, se confirmó una noticia que sacudió al mundo político y marcó el fin de una era en Uruguay: José Mujica, expresidente entre 2010 y 2015 y uno de los líderes de izquierda más emblemáticos de América Latina, falleció a los 89 años en su chacra en Rincón del Cerro, Montevideo. Conocido como “el presidente más pobre del mundo” por su estilo de vida austero, Mujica dejó un legado de lucha, reflexión y política comprometida, características que también aplicó a sus relaciones internacionales.
A mediados de 2021, Mujica alentó al ahora vacado expresidente a ser transparente y a no sucumbir al autoritarismo. “Recuerda, el pueblo te elige y te da esa oportunidad. No tendrás el poder absoluto, sino una pequeña parte de gestión. Lucha por ampliar ese margen y por elevar tu pueblo”, le dijo y subrayó la importancia de mantener la confianza ciudadana: “Cuando te equivoques, ten la honestidad de reconocerlo. Juega limpio con tu pueblo, no lo engañes. La confianza es lo más importante y fácil de perder”.
Estas palabras representaban un llamado de atención basado en años de liderazgo. Mujica sabía que liderar un país en circunstancias adversas exige apertura al error y compromiso ético. No obstante, en menos de dos años de gobierno, Pedro Castillo acumuló ocho investigaciones preliminares en su contra. Los procesos legales incluyen desde corrupción y colusión agravada hasta presunto liderazgo de una organización criminal, siendo el caso “Puente Tarata III” uno de los más emblemáticos. Estas investigaciones no solo involucraron a Castillo, sino también a su entorno cercano, como su exministro de Transportes, Juan Silva, y su cuñada Yenifer Paredes. Esta última fue señalada por su rol en presuntas actividades ilícitas vinculadas a proyectos adjudicados irregularmente.

Además, Castillo intensificó su confrontación con la prensa y las instituciones al acusarlas de un supuesto complot para destituirlo, agravando su aislamiento político que culminó con el autogolpe que dio el pasado 7 de diciembre de 2022, donde intentó disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. Este acto, calificado como anticonstitucional, selló su suerte. Poco después, fue detenido y el Poder Judicial determinó su prisión preventiva debido al riesgo de fuga y obstrucción de la justicia. Entre los argumentos en su contra se incluyó no solo la gravedad de los cargos, sino la presunta desaparición de pruebas, como documentos clave relacionados con investigaciones de corrupción.
Abogado de Pedro Castillo admite inconstitucionalidad
El abogado de Pedro Castillo, expresidente de Perú, reconoció que el mensaje emitido por su cliente el 7 de diciembre de 2022, en el que anunciaba la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, fue inconstitucional. Sin embargo, durante la última audiencia del juicio por rebelión que enfrenta Castillo, el defensor legal, Ricardo Hernández, argumentó que dicho acto no constituye un delito de rebelión.
Hernández explicó que el mensaje de Castillo debe ser entendido como un acto político inapropiado desde el punto de vista constitucional, pero no como un delito penal. En sus declaraciones, afirmó: “Se trató de un acto político, no de un delito de rebelión”. Además, sostuvo que no se dieron los elementos necesarios para configurar el delito de rebelión, como un alzamiento armado o el uso de violencia, tal como lo establece el derecho penal peruano.
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