Ministerio Público reorganiza fiscalías antiterroristas en Ayacucho y el VRAEM, trasladando los casos a oficinas de derechos humanos

El 7 de mayo, en el diario oficial El Peruano se ha oficializado la resolución N° 1333-2025-MP-FN que dispone una controversial reestructuración en el Distrito Fiscal de Ayacucho que incluye la conversión de las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en parte de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Según detalla la norma, se busca reorganizar y optimizar los recursos dentro del sistema fiscal.

De esta manera, el Ministerio Público decidió fusionar la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y la Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria con la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción. La resolución se basa en un informe que señala que la carga procesal de los casos de terrorismo ha disminuido considerablemente en los últimos años, con solo 81 casos registrados en 2024 en Ayacucho, y 239 en Pichari.

“La reducción de la carga procesal en estos casos permite que se reorganicen los esfuerzos fiscales y se optimicen los recursos del Ministerio Público”, explica la resolución, destacando que los casos relacionados con el terrorismo podrán ser asumidos por fiscalías especializadas “en derechos humanos e interculturalidad”.

El Ministerio Público ha justificado esta medida con la necesidad de atender de manera más efectiva los casos de corrupción, que, según el informe, representan una carga procesal más alta en la región. No obstante, este cambio plantea dudas sobre si la medida será suficiente para enfrentar la violencia y los grupos terroristas que aún operan en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y que, solo en los tres últimos años ha causado la muerte de al menos cinco militares peruanos.

Es necesario enfatizar que el Vraem es una extensa región de selva montañosa que comprende territorios de cuatro departamentos, incluyendo Ayacucho, en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia, después de Colombia.

“En esa línea, corresponde dar por concluidas las designaciones de los fiscales provinciales provisionales Gladys Palomino Palomino y Juan Manuel Ríos Bartolo, así como de los fiscales adjuntos provinciales provisionales transitorios Rosa Antonia Rivasplata Alca, Paul Tomaylla Berrocal y Alfredo Nieto Huamaní -en sus respectivos despachos fiscales-; consiguientemente, designarlos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho”, señalan.

Aunque la Fiscalía de la Nación argumenta que esta reorganización permitirá una atención más eficiente a la ciudadanía, aún persiste el reto de garantizar que los casos de terrorismo y sus efectos sobre la seguridad y estabilidad de la región no queden relegados o mal gestionados.

Ayacucho y Sendero Luminoso

Ayacucho ha sido un escenario clave en la historia de Sendero Luminoso, uno de los grupos terroristas más notorios de Perú. La relación entre esta región y el grupo comenzó en los años 80, cuando la violencia de Sendero Luminoso alcanzó su pico en varias partes del país, pero especialmente en Ayacucho, que se convirtió en su principal bastión.

El grupo terrorista maoísta fundado por Abimael Guzmán en los años 70 volvió a esta región el epicentro de la violencia. A partir de 1980, Sendero inició una serie de ataques violentos en la región, aprovechando la pobreza y la falta de presencia del Estado. La violencia se intensificó en los años 80 y 90, con miles de muertos y desplazados, y un control territorial en zonas rurales.

El grupo utilizó tácticas extremas como asesinatos, secuestros y extorsiones. La respuesta del Estado, a través de las fuerzas militares, también resultó en violaciones de derechos humanos. Durante este periodo, Ayacucho vivió una época de terror.

La captura de Guzmán en 1992 y las acciones del Estado debilitaron a Sendero Luminoso, que fue perdiendo poder. Sin embargo, algunos remanentes del grupo siguen operando en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro).

Aunque la violencia ha disminuido, Ayacucho sigue enfrentando desafíos derivados del conflicto, como la presencia de grupos ilegales y problemas sociales y económicos. La memoria del conflicto sigue siendo dolorosa, y la región continúa trabajando en la reconstrucción social y la búsqueda de justicia.