Gobierno anuncia suspensión de toda actividad minera en Pataz: SNMPE rechaza eventual afectación a operaciones de Poderosa

Tras el asesinato de 13 trabajadores de una empresa subcontratada por la minera Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, el Gobierno peruano ha decidido suspender todas las actividades mineras en la zona por un período inicial de 30 días, con posibilidad de prórroga. Según informó la presidenta Dina Boluarte en un mensaje a la Nación, esta medida busca facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir la minería ilegal y las actividades criminales asociadas.

La mandataria también anunció que, durante este plazo, se procederá a la exclusión de todos los registros en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) que se encuentren en condición de suspendidos. Además, hizo un llamado a las empresas y personas con concesiones mineras en la región para que eviten subcontratar sus operaciones -como es el caso de Poderosa-, argumentando que esta práctica dificulta el control sobre las actividades mineras y puede derivar en la participación de terceros vinculados a actividades ilegales. “Tenemos que trabajar juntos para erradicar la brutal acción de esta lacra social en nuestro país”, enfatizó Boluarte.

Gobierno anuncia la suspensión de las actividades mineras en Pataz

En respuesta a esta decisión, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, expresó su preocupación por las posibles implicancias de la medida. En declaraciones a Canal N, Torreblanca señaló que aún no se han aclarado los detalles de la suspensión y que es necesario revisar cómo se implementará.

Según explicó, el REINFO fue concebido como un mecanismo transitorio para la formalización de la minería, pero su efectividad ha sido limitada debido a la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, como la declaración ambiental y la identificación de las zonas de extracción.

Torreblanca destacó la importancia de supervisar toda la cadena de valor de la minería, desde el transporte y procesamiento del mineral hasta las plantas de beneficio que lo reciben. Subrayó que estas plantas deben garantizar que el mineral provenga de concesiones autorizadas por el Estado.

Para ello, instó a que se refuercen las labores de supervisión por parte de entidades como el Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin y OEFA, asegurando que las actividades mineras cumplan con las normativas vigentes.

¿Se detienen también las operaciones de oro de Poderosa?

La representante de la SNMPE también expresó su inquietud sobre el impacto que esta suspensión podría tener en las empresas mineras formales que operan en La Libertad, una región donde existen diversas compañías que cumplen con las normativas ambientales y de seguridad.

Torreblanca enfatizó que no se debería penalizar a los mineros que trabajan dentro del marco legal, sino a aquellos que operan fuera de la ley o están vinculados a actividades criminales.

“El oro que se exporta formalmente genera divisas para el país”, recordó, advirtiendo que una suspensión indiscriminada podría tener consecuencias económicas negativas.

SNMPE: pérdidas económicas serían millonarias

Aunque se espera mayor claridad por parte del Ejecutivo, Torreblanca manifestó su esperanza de que la medida esté dirigida exclusivamente contra la minería ilegal y no afecte a los sectores de pequeña, mediana y gran minería formal. En caso contrario, advirtió que las pérdidas económicas serían significativas, tanto para las empresas como para el país en general.

La situación en Pataz pone de relieve los desafíos que enfrenta el gobierno peruano para combatir la minería ilegal, un problema que no solo afecta al medio ambiente, sino que también está vinculado a redes de criminalidad organizada.

La intervención anunciada busca restablecer el orden en la región, pero su implementación y alcance generan incertidumbre entre los actores del sector minero formal, quienes temen que las medidas puedan perjudicar sus operaciones legítimas.