El Departamento de Justicia de EE. UU. sentencia a prisión a doña Lupe, una de las traficantes de personas más peligrosas del mundo

La condena a 11 años de prisión impuesta a Ofelia Hernández Salas, más conocida como doña Lupe, marca el fin de una de las operaciones de tráfico de migrantes más grandes y prolongadas en la frontera entre México y Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demostró que la mexicana, de 64 años, dirigía una organización protegida por el Cartel de Sinaloa. Desde al menos 2018, facilitaba cruces ilegales y cobraba hasta USD 70.000 por persona. Este caso ilustra el alcance global, financiero y humano del tráfico ilegal de personas: la red abarcaba decenas de países, integraba a funcionarios y empleaba violencia contra sus propios clientes.

Miles de migrantes, decenas de países y violencia sistemática

La red de Hernández Salas funcionó a escala multinacional. Sus servicios incluyeron migrantes de Bangladesh, Yemen, Pakistán, India, Emiratos árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, según la acusación presentada ante el tribunal federal en Arizona y citada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La investigación concluyó con la detención de la líder. La organización recogía migrantes en estaciones de autobús en la ciudad fronteriza de Mexicali, los trasladaba a casas de seguridad y posteriormente los guiaba por el desierto de California. Los métodos incluían escalar la valla oxidada que divide a México de EE. UU., sortear canales con tablones de madera o excavar bajo el muro.

Durante la travesía, miembros armados de la red robaban a los migrantes dinero, teléfonos y pertenencias. “Los cruces fronterizos ilegales ya son increíblemente peligrosos; esta acusada solo aumentó el potencial de peligro mortal que enfrentaban al añadir el robo a sus actos criminales”, afirmó A. Tysen Duva, vicefiscal general de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Protección del Cartel de Sinaloa y complicidad institucional

El perfil de doña Lupe iba más allá del tráfico de personas. De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y recogida por medios internacionales, la red encabezada por Hernández Salas había contado con la protección del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Las investigaciones señalan que esta protección permitía a la estructura operar con relativa impunidad en la frontera, facilitando el traslado de migrantes a cambio de cuantiosos pagos.

Además de la implicación del cartel, autoridades estadounidenses subrayaron la existencia de presuntos vínculos de la organización de Hernández Salas con funcionarios locales corruptos en territorio mexicano. Aunque los nombres de estos funcionarios no fueron identificados en la acusación formal, el esquema incluía la distribución de sobornos para garantizar el tránsito seguro de los migrantes y evitar la intervención de las autoridades. Esta combinación de protección criminal y corrupción institucional contribuyó a la capacidad de la red para operar durante varios años sin ser desarticulada.

Un operativo internacional y la participación de múltiples agencias

La captura de Ofelia Hernández Salas y su principal cómplice Raúl Saucedo Huipio ocurrió en marzo de 2023 en una vivienda de la colonia Zacatecas, en Mexicali. El operativo fue liderado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California y la Interpol.

El arresto fue la culminación de una larga investigación que habría tenido en el punto de mira los hoteles usados por la red de Hernández para alojar a los migrantes. La pesquisa contó también con la colaboración de Homeland Security Investigations Yuma, la agencia federal estadounidense Patrulla Fronteriza, la agencia federal estadounidense Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y autoridades mexicanas.

Después de ser arrestados, Hernández Salas y Saucedo Huipio se declararon culpables de conspiración para traer extranjeros a Estados Unidos y de tráfico de personas por lucro económico. El caso penal que los puso tras las rejas menciona las denuncias de 15 personas que contrataron a este grupo entre el 7 de mayo de 2020 y el 24 de junio de 2021.

Consecuencias judiciales y futuras extradiciones

La sentencia dictada contra Ofelia Hernández Salas dispone su deportación tras el cumplimiento de la condena, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su cómplice, Raúl Saucedo Huipio, enfrentará una audiencia de sentencia en junio de 2026. El caso está bajo vigilancia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, que reconoció la cooperación mexicana y la actuación de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para concretar la extradición.

“La Oficina del Fiscal General junto a nuestros socios federales e internacionales utiliza todas las herramientas disponibles para perseguir y desmantelar organizaciones peligrosas de tráfico de personas y llevar a sus líderes ante la justicia”, dijo el fiscal del Distrito de Arizona, Timothy Courchaine.