Minera Poderosa denuncia inseguridad y exige acción al Gobierno tras masacre en Pataz: “Es un territorio sin ley”

La madrugada del 3 de mayo, la Policía Nacional confirmó la recuperación de los cuerpos sin vida de 13 trabajadores secuestrados en Pataz, región La Libertad. Las víctimas, vinculadas a labores legales de minería en convenio con la empresa Poderosa, fueron brutalmente ejecutadas por mineros ilegales asociados con organizaciones criminales. Este crimen —uno más en una serie de ataques violentos en la zona— encendió las alarmas sobre el descontrol en una provincia que, pese a estar en estado de emergencia, parece abandonada por el Estado.

Una masacre confirmada

Tras casi una semana de incertidumbre y búsqueda, las peores sospechas se confirmaron: los 13 trabajadores fueron encontrados muertos dentro de una mina en Pataz. Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado por los secuestradores, muestra cómo cada uno fue asesinado con disparos a quemarropa. Todos fueron hallados juntos, evidenciando la crueldad del crimen.

Los fallecidos trabajaban para R&R, una empresa contratista que opera legalmente en convenio con Poderosa, una de las principales mineras auríferas de la zona. Sus familiares ya comenzaron a identificarlos en la morgue de Trujillo. Se sabe que los trabajadores habían acudido al lugar para desalojar a presuntos mineros informales cuando se produjo un enfrentamiento que derivó en el secuestro.

Un territorio sin ley: 39 muertos en menos de un año

Con estos 13 asesinatos, ya suman 39 los mineros formales y trabajadores asesinados por bandas criminales en la zona. En su comunicado, Poderosa no dudó en calificar a Pataz como “un territorio sin ley” y responsabilizó directamente al avance de la minería ilegal y al fracaso de la estrategia estatal para contenerla.

“En Pataz, la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades”, señala la minera, que además denunció otro ataque registrado recientemente en una planta formal ubicada en Alacoto.

Estado de emergencia sin resultados

Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde hace casi dos años. Sin embargo, ni el incremento del contingente policial ni la declaratoria han logrado frenar el deterioro de la seguridad. Poderosa advierte que, mientras no se intervengan las bocaminas ilegales desde donde operan los criminales —cuyas ubicaciones están plenamente geolocalizadas—, no habrá solución real.

“La policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales”, denunció la minera, y también responsabilizó a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas por no excluir de sus concesiones a los operadores informales. El Congreso tampoco escapa a las críticas: las sucesivas ampliaciones del REINFO, según Poderosa, han servido como escudo legal para la minería ilegal.

El gobierno, en entredicho

Las críticas se agravan por la falta de acción del Ejecutivo. Días antes de confirmarse el hallazgo de los cadáveres, el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, dudó públicamente de que el secuestro fuera real, minimizando la denuncia y asegurando que no había evidencia del hecho. Las declaraciones fueron duramente cuestionadas tras confirmarse la tragedia.

Ante esta situación, la minera exige al gobierno un cambio profundo en su estrategia de seguridad. Pide fortalecer la inteligencia, coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial, y actuar de manera contundente para capturar a los delincuentes. También insta a la sociedad civil y al sector privado a unirse en un frente común para enfrentar la minería ilegal.

“Lo sucedido en Pataz da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilícita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte”, concluye el comunicado.

Una tragedia que exige justicia

Los restos de las víctimas serán entregados a sus familias en los próximos días. En medio del dolor, los deudos claman por justicia, mientras en Pataz crece el miedo y la incertidumbre. Lo ocurrido no solo enluta a 13 hogares, sino que también deja en evidencia un problema estructural que el país no puede seguir ignorando.