Emergencia en Trujillo y Pataz: Distritos de La Libertad llevan 14 meses seguidos en alerta, pero inseguridad ha crecido

La declaratoria del estado de emergencia en Trujillo y Pataz por parte del Gobierno como respuesta a la alta actividad criminal en La Libertad no fue bien recibida por los alcaldes de las provincias a las que quiere proteger, quienes rechazan esta decisión. Esto se debe a que, desde el año 2023 la región del norte se mantiene en esta situación y hasta el momento no se ha solucionado el problema.

Un análisis de los Decretos Supremos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros realizada por Infobae Perú pudo determinar que, en general, los distritos de La Libertad se encuentran bajo este régimen de emergencia desde el mes de enero del año 2023 y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte lo prorrogó contínuamente hasta enero del año 2024.

De forma general, todos los distritos de La Libertad estuvieron en estado de emergencia por 14 meses, desde enero del año 2023 hasta agosto del mismo año, cuando terminó la vigencia del último decreto supremo (N°081-2023-PCM). Durante los meses posteriores, desde agosto del 2023 hasta enero del 2024, el Gobierno determinó que solo el distrito de Pataz, en la serranía liberteña, estaría en emergencia.

Pero ¿cómo impactó a la región estas declaratorias de emergencia consecutivas? Infobae Perú pudo acceder a las actas de reunión del Comité Regiónal de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de La Libertad, liderada por el gobernador César Acuña y que reúne a autoridades de toda la región en el que se reportan incidencias y se planifican soluciones en contra de la delincuencia.

La participación de sus integrantes indican que, pese a los esfuerzos del Gobierno, la lucha contra la inseguridad y la minería ilegal no ha tenido resultados.

Durante la primera reunión del CORESEC de La Libertad, en enero del 2023, el General PNP Augusto Javier Ríos Tiravanti, Director de la III Macro Región Policial La Libertad, realizó un diagnóstico general del estado de la seguridad ciudadana en el que indicó que “hay un delito muy extendido de lavado de activos en la región”.

Falta de patrulleros y personal policial, además del aumento en el número de extorsiones también fueron mencionados por los miembros que integran la organización a inicios del año. El gobernador regional, César Acuña, afirmó durante su intervención que “la prioridad en esta gestión será la seguridad ciudadana (...)”.

En el segundo encuentro de autoridades, en medio del tercer estado de emergencia declarado en toda la región, en marzo del 2023, el Coronel PNP Wálter Gurreonero Díaz, en representación del Coronel Ríos Tiravanti, indicó que había un policía por cada 443 ciudadanos cuando lo ideal es que sea de uno cada 250. El déficit era de más de 2.000 agentes PNP.

“El sicariato es una de las figuras de mayor incidencia en la región (...) La Policía ataca las consecuencias del delito y las causas con la prevención, pero no es suficiente (...)”, señaló el coronel. Los homicidios calificados y feminicidios también fueron reportados como un problema creciente al igual que la tenencia ilegal de armas.

Según Luis Roberto Sánchez Terán, sub gerente de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional La Libertad, los territorios donde se cometen más delitos registrados hasta esa fecha fueron Trujillo (74%), seguido de Pacasmayo, Ascope y Chepén.

No es sino hasta la III sesión ordinaria de miembros del CORESEC que aparece la primera mención sobre la minería ilegal de la mano del subgerente de seguridad ciudadana, Luis Enrique Mendoza Urcia, quien indicó que “hay 15 mil mineros ilegales en la región”.

Esta declaración fue apoyada por un representante de las rondas campesinas que aseguró que “hay numerosas bandas criminales (...) que usan armamento de guerra. Esta es una gran preocupación porque las rondas campesinas no pueden hacerles frente, pero tienen una gran determinación para contribuir a solucionar este problema, que se concentra en el distrito de Pataz (...) también en Santiago de Chuco”.

Pese a que estas menciones hablaban sobre una gran presencia de criminales de este tipo en diferentes partes de la región, ninguno de los acuerdos a los que se llegó en dicha reunión, realizada el día 28 de junio, tomó en cuenta la realidad de estos distritos que necesitaban ayuda. Cabe mencionar que para este momento, La Libertad en general ya se encontraba en su sexto mes de estado de emergencia.

La última reunión del CORESEC del año 2023 se dio en octubre y no se plantearon nuevas medidas de solución ante ninguna problemática en particular. Según el acta del encuentro, este fue catalogado como uno “de carácter informativo”.

Luego de que seis meses en estado de emergencia de manera focalizada -el declarado en febrero del 2024 sería el séptimo seguido- el alcalde de la provincia de Pataz considera que esta nueva declaratoria no significará un avance en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Infobae Perú pudo conversar con el señor burgomaestre, Aldo Carlos Mariños, para conocer sus impresiones sobre el tema e indicó que el Gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte no tiene una idea clara de por qué las provincias de Trujillo y Pataz han sido declaradas en emergencia. “Para mi, el estado de emergencia cuando no hay una política clara no da resultados”, indicó en conversación exclusiva.

“No creo que vaya a cambiar nada. Están enviando al Ejército y a la Policía, pero no se está realizando un proceso de investigación. (...) Los decretos de emergencia deberían estar acompañados de recursos logísticos. Se deberían implementar las comisarías en la zona. Pataz tiene 13 distritos y solo cuatro tienen comisarías”, afirmó en entrevista telefónica.

El alcalde Mariños también argumentó que pese a la presencia del Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP), no ha sido tomado en cuenta al momento de ejecutar acciones a favor de la seguridad ciudadana. “Ni siquiera yo como alcalde de la provincia, ni los alcaldes distritales han recibido una comunicación con el ministro del interior o con el jefe regional de la PNP. Siento que a los alcaldes nos miran muy distantes para tomar decisiones”, señaló a Infobae Perú.

Por otro lado, la desconfianza en que el estado de emergencia podría cambiar algo es tan baja que el alcalde provincial de Pataz considera que la población preferiría tomar la justicia por sus propias manos y está llegando a eso. “Las rondas (campesinas) ya se cansaron y están organizándose para eso”, dijo en conversación con este medio.

En una entrevista reciente en Exitosa, el alcalde de la provincia de Trujillo, Mario Reyna, consideró que el estado de emergencia actual “así como ha sido anunciada es una más de lo mismo. (...) La estrategia que debería ir acompañando a esta declaración nunca la he visto. Seguramente mandarán a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) a las calles, que el Ejército haga rondas, pero eso no es suficiente”

La principal demanda del burgomaestre de Trujillo es que la Policía Nacional del Perú utilice sus recursos para realizar trabajos de inteligencia que permitan identificar a delincuentes y detenerlos. “En Trujillo no va a llegar la calma mientras más allá de una declaración legal no venga acompañada de inteligencia. Es imposible que un delincuente sienta miedo en un estado de emergencia si está cómodo en su casa desde el celular”, indicó a Exitosa.