El Código Civil de Perú establece una medida legal que ofrece una oportunidad a los deudores: la prescripción de deudas bancarias. Este proceso, que permite que las deudas pierdan su exigibilidad después de un tiempo determinado. Sin embargo, este alivio legal conlleva implicaciones importantes, especialmente en el historial crediticio.
Según el Código Civil de Perú, las deudas bancarias tienen un plazo de prescripción de 10 años. Esto significa que, transcurrida una década desde que el deudor incumplió con sus obligaciones financieras, el acreedor pierde el derecho de exigir el pago a través de acciones legales. Este plazo de 10 años actúa como una “fecha de vencimiento” para las deudas, lo que da a los deudores una especie de respiro, ya que, llegado el término de este plazo, la deuda queda legalmente extinguida.
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Es importante destacar que, para que el deudor logre que la deuda sea eliminada, debe solicitar la prescripción ante un tribunal. En caso de que, la solicitud sea aceptada, la deuda deja de ser exigible, lo que elimina la obligación de pago del deudor.

Impacto en el historial crediticio
Aunque la deuda ya no pueda ser exigida por las entidades financieras, el registro de la misma persiste en las centrales de riesgo como Infocorp. De acuerdo con expertos del sector, como el gerente legal de Equifax, Javier Mori, las entidades financieras continúan manteniendo la información sobre las deudas impagas en sus bases de datos durante un máximo de cinco años, incluso después de que la deuda haya prescrito.
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“Es importante entender que la prescripción de la deuda no elimina su rastro en el historial crediticio, lo que puede seguir afectando la calificación financiera del deudor”, explicó Mori.
Es decir, que, a pesar de que el deudor ya no tiene la obligación de pagar, los registros negativos pueden seguir influyendo en su capacidad para acceder a nuevos créditos, como préstamos personales o incluso hipotecas.
Endeudamiento en Perú
En el contexto actual de endeudamiento en Perú, el nivel de endeudamiento ha alcanzado cifras preocupantes. Según un informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el endeudamiento de los ciudadanos ha llegado a niveles cercanos al 29.4% de sus ingresos. Dicha situación podría deberse a diversas razones, como la falta de ingresos suficientes, la mala administración del dinero y los imprevistos financieros que obligan a las personas a recurrir al crédito.
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En ese sentido, la prescripción de las deudas bancarias se presenta como una alternativa para aquellos que no pueden cumplir con sus obligaciones, permitiéndoles liberarse de una carga financiera, aunque con las implicaciones en el historial crediticio mencionadas anteriormente.
Sin embargo, solicitar la prescripción ante un tribunal puede ser un proceso engorroso y no siempre de fácil acceso para todos. Además, las personas afectadas por embargos salariales o dificultades económicas pueden no estar en una situación que les permita abordar los trámites necesarios para que la deuda quede oficialmente extinguida.

Embargos salariales
Aunque la prescripción de las deudas bancarias permite la eliminación de la obligación de pago, los deudores deben estar conscientes de las consecuencias que enfrentan durante el proceso. En Perú, las entidades financieras tienen la facultad de realizar embargos salariales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
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Esto puede generar serias dificultades económicas para los trabajadores, ya que una parte de su salario es retenida para cubrir la deuda. Según la normativa peruana, las entidades financieras solo pueden embargar los salarios si el monto mensual excede los S/2.575 (equivalente a 5 Unidades de Referencia Procesal - URP).

Esta medida está diseñada para garantizar el cumplimiento de las deudas, incluso cuando los deudores no puedan hacer frente a los pagos voluntariamente. Las personas sujetas a este tipo de embargos podrían verse obligadas a ajustar su presupuesto familiar para cubrir las deducciones salariales, lo que afecta su bienestar económico.
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