Director General de la Policía viajó a Colombia en comisión, pero se llevó con él a su nueva pareja y conviviente, una suboficial de la PNP

Miluska Araceli Vargas Zapata, suboficial de la Policía Nacional del Perú, ha sido una figura que ha acaparado la atención pública no solo por su labor en la institución, sino también por su relación sentimental con el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo. Este vínculo, aunque conocido por muchos, ha generado una serie de cuestionamientos debido a los posibles privilegios y ventajas que Vargas podría estar recibiendo, tanto en su carrera como en sus viajes oficiales, así lo reportó el medio televisivo 24 HORAS.

En lo que va del 2025, el comandante Zanabria realizó al menos dos viajes oficiales internacionales. El primero fue a República Dominicana en enero, y el segundo, más recientemente, a Colombia en abril. Lo que ha llamado la atención es que las fechas de estos desplazamientos coinciden con los registros migratorios de Miluska Vargas, lo que ha generado dudas sobre si estos viajes fueron realizados por razones oficiales o si hubo un uso indebido de recursos. La coincidencia de fechas en estos viajes, especialmente el que ocurrió en abril, hace pensar que Vargas podría haber viajado junto a su pareja en el mismo vuelo, lo que no es común en el protocolo de viajes oficiales.

En este contexto, el abogado y exsuboficial José Antonio Palacios expresó, para 24 HORAS, que no es habitual que una suboficial de segunda, como Vargas, viaje al extranjero sin una autorización formal y menos en dos ocasiones en tan corto tiempo. Para muchos, esto evidencia un trato preferencial que no está alineado con la normativa interna de la Policía Nacional del Perú.

Otro aspecto que ha causado controversia es la asignación de Miluska Vargas a tareas administrativas dentro de la Dirección Antidrogas (Dirandro), específicamente en la unidad ejecutora. Según la normativa de la Policía Nacional, una suboficial de segunda debería estar asignada a tareas operativas, no administrativas. Sin embargo, Vargas ha estado realizando funciones que no corresponden a su rango, lo que ha generado más sospechas de que sus cambios de colocación dentro de la institución fueron solicitados por razones que van más allá de sus méritos profesionales.

Este hecho ha sido motivo de preocupación para expertos en la materia, como José Antonio Palacios, quien señaló que, pese a haber solicitado la información sobre estos cambios de manera oficial y legal a través de la Ley de Transparencia, la institución no ha entregado los documentos requeridos. Esto pone en evidencia la falta de transparencia en el manejo de la carrera profesional de Vargas, lo que solo alimenta los cuestionamientos sobre un posible uso indebido de poder dentro de la institución.

Este caso no es el primero en vincular a la familia Zanabria con situaciones cuestionables en la administración pública. En meses anteriores, el hijo de Víctor Zanabria, Jesús Zanabria Valverde, fue contratado por el Ministerio del Interior. Esta contratación generó una serie de críticas por un posible conflicto de intereses, lo que aumenta aún más la desconfianza en torno a la familia Zanabria y su influencia dentro de la Policía Nacional.

El hecho de que los dos viajes de Víctor Zanabria coincidan con los de Miluska Vargas no ha hecho más que abrir viejas heridas dentro de la institución. Las acusaciones de nepotismo y favoritismo, al igual que el reclamo por la falta de transparencia, continúan ganando fuerza. Para muchos observadores, estos hechos son solo la punta del iceberg de un problema más profundo que afecta la credibilidad de la Policía Nacional del Perú.

A pesar de los cuestionamientos, el Ministerio del Interior ha mantenido silencio en relación con las acusaciones contra Miluska Vargas y Víctor Zanabria. La falta de una declaración oficial por parte de la institución genera aún más sospechas sobre la situación. A pesar de la gravedad de los señalamientos, no se ha realizado ningún pronunciamiento formal para aclarar los hechos o tomar medidas al respecto.

En cuanto a la solicitud de entrevista con Víctor Zanabria, esta fue rechazada por razones de agenda. Para muchos, esta falta de respuesta oficial solo aumenta la desconfianza y deja una sensación de impunidad en el aire. La Policía Nacional del Perú, una institución encargada de velar por el orden y la seguridad en el país, enfrenta una crisis de credibilidad que se ve reflejada en la falta de transparencia de sus dirigentes.

La situación de Miluska Vargas y su vínculo con Víctor Zanabria ha generado un clamor por mayor transparencia en las prácticas internas de la Policía Nacional del Perú. Aunque la relación sentimental no está prohibida, el hecho de que se haga pública y esté vinculada a funciones oficiales dentro de la institución plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la correcta asignación de recursos y cargos. La imagen de la Policía Nacional está en juego, y el llamado a esclarecer estos hechos recae en el Ministerio del Interior y el propio comandante general, Víctor Zanabria.

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, quien ha sido vinculado a la presunta autoría de homicidio calificado por omisión en el contexto de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte en enero de 2023.

El 28 de enero de 2023, agentes de la PNP atacaron a manifestantes en Lima, especialmente en la avenida Abancay, donde Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, de 55 años, fue golpeado por una bomba lacrimógena que impactó en su cabeza. Santisteban, según su familia, no estaba participando en las protestas sino que había ido a recoger un pedido. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que policías dispararon las bombas a corta distancia de los civiles, lo que resultó en la muerte de Santisteban. La necropsia confirmó que la causa de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo producido por un “elemento contundente duro”.

En el momento de los hechos, Víctor Zanabria Angulo, jefe operativo del Grupo de Intervenciones Rápidas de la PNP, negó que una bomba lacrimógena pudiera ser responsable de la muerte, argumentando que estos proyectiles no eran “objetos duros”, sino de plástico. Este argumento fue utilizado para defender la institución policial frente a las acusaciones.

Este caso resalta las tensiones en torno a las acciones represivas durante las manifestaciones y la posible responsabilidad de los altos mandos en los abusos cometidos por las fuerzas del orden.