
El juez supremo decano y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, César San Martín, está impedido de intervenir en los procesos penales que se le siguen al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, censurado por su incompetencia y fracaso en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
No por una razón que ponga en tela de juicio la imparcialidad de San Martín Castro, sino por el estudio de abogados que patrocina al flamante jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
La razón por la que César San Martín no puede intervenir en los casos de Santiváñez
Como se sabe, el exministro Juan José Santiváñez eligió al Estudio Caro & Asociados, del doctor Carlos Caro Coria, para que lo defienda en las investigaciones que el Ministerio Público le inició por presunto abuso de autoridad y negociación incompatible.
Dicho estudio de abogados tiene como un abogado director a Diego San Martín Villaverde, hijo del juez supremo César San Martín.

Este impedimento, según el decreto al que accedió Infobae, fue advertido el 11 de diciembre de 2024, día en el que la Sala Suprema Penal Permanente tenía que evaluar la inhibición del juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.
En dicho documento, el asistente judicial del tribunal informaba que debido a un “error involuntario” no advirtió en su momento que César San Martín estaba impedido de intervenir por la relación de parentesco que tiene con el director del Estudio Caro & Asociados, su hijo. Por ello, se reprogramó la audiencia para otro día.

En la resolución que rechaza la inhibición del juez Checkley también se deja constancia de que tuvo que ser llamado el juez supremo Saúl Peña por la imposibilidad de San Martín.

Nueva audiencia frustrada
El último lunes 14 de abril, la Sala Suprema Penal Permanente tenía que evaluar la apelación de Juan José Santiváñez contra la resolución que autorizó el allanamiento a su domicilio por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, la audiencia se frustró.
Según pudo conocer Infobae, se les informó al Ministerio Público y la defensa de Santiváñez que César San Martín estaba impedido de conocer el caso y que la audiencia no se llevaría a cabo porque el magistrado que lo reemplazaría estaba en otra diligencia, sumado a que no se le había notificado con antelación.
Impedimento reciente
Según el perfil de LinkedIn del Estudio Caro & Asociados, el abogado Diego San Martín fue incorporado como consultor en febrero de 2024. Luego, en junio del mismo año, fue promovido a abogado director del Área de Derecho Minero.
Meses después, en agosto de 2024, el entonces ministro Juan José Santiváñez contrata al Estudio Caro & Asociados por 120.000 soles para que lo represente legalmente en la investigación por presunta negociación incompatible. Ello por la contratación de Anatoly Bedriñana en el Ministerio del Interior.
En mes después, en setiembre del mismo año, la cartera del Interior volvió a contratar al Estudio Caro & Asociados, pero ahora por 150.000 soles. Este es el monto que se le destinará al estudio para que defienda al exministro en la investigación por presunto abuso de autoridad.
En dicha investigación se le atribuye a Santiváñez dicho delito por el audio en el que le pide al capitán PNP Yunior Izquierdo, conocido como Culebra, que le diga al coronel PNP (r) Harvey Colchado que “controle” al periodista Marco Sifuentes. También se investiga si las investigaciones en Inspectoría contra Culebra son una represalia del exministro del Interior luego de que se difundieran los audios.
Estas investigaciones avanzan y no se podría descartar que la Fiscalía pida nuevas medidas contra Santiváñez. Sin embargo, cuando algún incidente llegue a la Sala Suprema Penal Permanente, César San Martín no podría intervenir.
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