El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, evitó responder este miércoles a los cuestionamientos sobre la permanencia de algunos ministros “con denuncias e indicios de corrupción”, y se negó a explicar las razones por las cuales mantuvo en el cargo al extitular del Interior, Juan José Santiváñez, quien fue censurado por el Congreso.
Durante su interpelación parlamentaria, se le preguntó cuáles fueron los criterios que justificaron la permanencia de Santiváñez “a pesar de los escándalos de corrupción, denuncias de encubrimiento y la evidente falta de resultados en la lucha contra la criminalidad”.
“Es una pregunta absolutamente atemporal, no la vamos a responder”, afirmó de manera escueta al eludir cualquier referencia directa al exministro, a quien el expremier Alberto Otárola ha tildado de “pirañita” en una entrevista con Infobae Perú.
El Congreso también planteó una interrogante más amplia: si consideraba la remoción del cargo como una respuesta coherente ante graves cuestionamientos a ministros, y por qué mantenía en sus puestos a “funcionarios con altos niveles de rechazo en la opinión pública debido a su ineficiencia, mala gestión, involucramiento en escándalos, declaraciones agraviantes o una defensa excesiva de la presidenta” Dina Boluarte.
“Los criterios que han primado en la designación de ministros siempre han sido su probada formación académica, experiencia, conocimiento del sector, trayectoria y, sobre todo, juramentar bajo el compromiso de no cometer actos de corrupción”, replicó Adrianzén.
Agregó que “los ministros ejercen funciones en la medida que contamos con la confianza de la presidencia: los ministros ejercen cargos de confianza, y como tal la continuidad o no en el cargo depende de esa condición”.
Al ser consultado sobre si esta situación afectaba la imagen del Ejecutivo y debilitaba su autoridad como premier, aseguró que “la evaluación del gabinete es constante, íntegra y permanente, así como los resultados de su gestión ministerial”.
Asimismo, defendió a los integrantes de su equipo al afirmar que “los exministros y actuales integrantes del gabinete han dedicado y dedican su trabajo y esfuerzo en favorecer el desarrollo y bienestar de la población”. Y ante las acusaciones de corrupción, remarcó que “si existen indicios, como se mencionan sin prueba alguna, deben ser investigados por los órganos competentes en el marco del debido proceso y presunción de inocencia”.
Críticas previas
Un día antes de que Adrianzén acudiera al Parlamento, su antecesor, Alberto Otárola, recibió a este medio en su estudio de abogados para denunciar lo que considera una “persecución política” ordenada desde el Ejecutivo.
“Tengo pruebas y testigos de que la presidenta está disponiendo que se me perjudique en investigaciones fiscales y policiales (...) Hay un sentimiento de odio, de venganza que no ha sido superado. Ella cree que soy la bestia negra, el responsable de todos sus males (...) Esa es una información insostenible, mentirosa y rastrera”, dijo.
“Nadie me va a enseñar cómo se gobierna ni cuáles son los límites de lo permitido y lo no permitido (...) Ella (Boluarte) es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como Ministro del Interior, y a un fantasma como primer ministro. Que asuma las consecuencias y sustituya el verbo odiar por el de gobernar”, añadió posteriormente.
Otárola aseguró no hablar desde el odio y que no guarda rencor a la mandataria, aunque insinuó saber más secretos sobre ella. También pidió a la Defensoría del Pueblo que tome acción ante el “mamotreto de denuncia por organización criminal” que presentó en su contra el colaborador eficaz Zamir Villaverde.
“Yo la saqué de una acusación constitucional que tenía perdida. Fui leal. Le hice todos los discursos que leyó ante el Congreso, incluido el que asumió el cargo de presidenta. Apelo a esa lealtad y al trabajo decente que hice por usted. Basta de estas decisiones que buscan afectar mi integridad y mi vida”, anotó.
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