Congreso a un paso de poder suspender a altos funcionarios con solo 50 votos: Corte Suprema, Fiscalía, TC y JNJ en la mira

Comisión de Constitución aprobó proyecto que facilita la venganza política al “precisar” que aforados pueden ser separados de sus cargos indefinidamente si se les levanta el antejuicio político.

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Avanza en el Parlamento un proyecto para que altos funcionarios puedan ser suspendidos indefinidamente de sus cargos. Foto: composición/Andina

Con solo 50 votos el Congreso de la República podría suspender indefinidamente a los jueces supremos, los fiscales supremos, los magistrados del Tribunal Constitucional, los consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el defensor del Pueblo y el contralor general de la República. Esta es la modificación que la Comisión de Constitución aprobó el último martes.

Si bien se trata de una modificación mínima al Reglamento del Congreso, podría facilitar la venganza política de algunos sectores del Parlamento contra altos funcionarios a los que consideran sus enemigos, como los fiscales supremos, los jueces de la Corte Suprema, tribunos y miembros de la JNJ.

El texto aprobado plantea reformar el artículo 89 del Reglamento del Congreso para que, luego de que se apruebe levantar el antejuicio a un aforado para que sea procesado por la presunta comisión de un delito, el Pleno vote su suspensión indefinida en el cargo.

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Texto sustitutorio aprobado para permitir que el Congreso suspenda a altos funcionarios.

Actualmente, el Parlamento solo tiene la posibilidad de poder suspender a un congresista tras levantársele la prerrogativa del antejuicio. Esto ocurrió, por ejemplo, con la expremier Betssy Chávez, para que sea procesada por el golpe de Estado, y con María Cordero Jon Tay, para que responda ante la justicia por el recorte de sueldo a trabajadores de su despacho.

De concretarse la modificación al Reglamento del Congreso, los parlamentarios podrían suspender a su antojo no solo a congresistas, sino también a ministros de Estado, jueces supremos, fiscales supremos, magistrados del TC, consejeros de la JNJ, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República.

La suspensión se oficializaría con el voto a favor de la mitad más uno de los miembros del Congreso sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente. Es decir, 51 votos.

Se trataría de una inhabilitación encubierta toda vez que no se fija un plazo de la suspensión. La fujimorista Patricia Juárez, autora del proyecto, sostuvo que esta medida se extendería lo que dura el proceso penal. Lo cierto es que una inhabilitación requiere una votación mayor (67 votos), mientras que la suspensión no.

El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución también incluye una disposición complementaria final para que la modificación aplique a los procedimientos de acusación constitucional en trámite.

Altos funcionarios en la mira

Justamente, el último martes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que propone levantar el antejuicio al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, por presunta negociación incompatible.

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Congresistas fraudistas tienen en la mira a Salas Arenas. | JNE

En caso de que el informe final sea aprobado por el Pleno y la modificación al Reglamento del Congreso haya entrado en vigencia, Salas Arenas podría ser suspendido indefinidamente con solo 51 votos, concretándose así el deseo del bloque fraudista (Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País).

También está en la mira del sector radical del Congreso la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucional hay una denuncia del fujimorista Fernando Rospigliosi contra todos ellos por la presunta comisión de delitos.

Otro alto funcionario que es visto como “incómodo” para un bloque parlamentario es la presidenta del Poder Judicial, la jueza suprema Janet Tello, quien no ha dudado en mostrarse en contra de iniciativas legislativas.

La estrategia

Como se dijo, la modificación al Reglamento del Congreso facilitaría la venganza política contra altos funcionarios que son vistos como “incómodos”. Tal fue el caso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

El Parlamento levantó el antejuicio de Ávalos por una inexistente omisión de funciones y fue inhabilitada por el mismo hecho. El proceso penal se cayó en menos de un año, luego de que la Corte Suprema determinó que el hecho atribuido (supuestamente rehusarse a investigar a Pedro Castillo) no es un delito, sino una diferencia con la interpretación histórica que le dio el Ministerio Público a la inmunidad presidencial.

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