El Pleno del Congreso de la República aprobó, por insistencia, el Proyecto de Ley 2075 referida a la protección de los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Esta normativa, que había sido observada previamente por el Ejecutivo, establece la participación de intérpretes de lengua de señas peruana en las comisarías, con el objetivo de mejorar la atención y garantizar el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. Según el Congreso, la medida busca eliminar las barreras de comunicación que enfrentan las personas con limitaciones para la expresión oral al momento de presentar denuncias.
La aprobación de la insistencia se logró con 88 votos a favor, lo que permitió que el texto no requiriera una segunda votación. Este proyecto modifica dos normativas clave: la Ley 30364, que se enfoca en prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y el Decreto Legislativo 1318, que regula la formación profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambas modificaciones están orientadas a garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan presentar denuncias de manera efectiva y recibir un trato adecuado por parte de las autoridades.
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Un paso hacia la inclusión y la justicia
Durante la sustentación del proyecto, Jessica Córdova Lobatón, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, destacó la importancia de esta medida para proteger los derechos de las personas con discapacidad auditiva, quienes a menudo enfrentan situaciones de violencia y encuentran obstáculos significativos para acceder a la justicia. Córdova señaló que la falta de intérpretes y personal capacitado en las comisarías ha dificultado que estas personas puedan comunicar sus denuncias de manera clara y eficiente. “Muchos de ellos viven situaciones de violencia y, además, enfrentan el obstáculo de no poder comunicar sus denuncias de manera clara y eficiente debido a la falta de intérpretes y personal capacitado en la Policía”, afirmó la congresista.
El proyecto también establece que la Policía Nacional del Perú deberá coordinar con diversas instituciones, como el Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Red Alivia Perú) y el Ministerio Público, para garantizar la disponibilidad inmediata de intérpretes en lengua de señas peruana. Esta coordinación busca asegurar que las denuncias de personas con discapacidad auditiva o limitaciones para la expresión oral sean atendidas de manera adecuada y sin demoras.
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Cambios en la formación policial y en la atención de denuncias
Una de las modificaciones más relevantes introducidas por esta ley es la inclusión de la enseñanza de la lengua de señas peruana en el Plan Curricular de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. Según detalló el Congreso, esta medida tiene como objetivo capacitar a los futuros policías en habilidades de comunicación inclusiva, lo que permitirá una mejor atención a las personas con discapacidad auditiva en las comisarías y otros espacios de interacción con la ciudadanía.
Además, la normativa modifica el artículo 10 de la Ley 30364 para que la Policía Nacional implemente mecanismos que faciliten la recepción y el trámite de denuncias de personas con discapacidad auditiva. Esto incluye la participación activa de intérpretes de lengua de señas, quienes actuarán como intermediarios para garantizar que las denuncias sean comprendidas y procesadas correctamente.
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El Congreso subrayó que esta iniciativa responde a la necesidad de atender a un grupo que enfrenta múltiples barreras en su vida cotidiana, especialmente en situaciones de violencia. La falta de intérpretes en las comisarías ha sido identificada como un obstáculo crítico que limita el acceso a la justicia para las personas con discapacidad auditiva. Con la implementación de esta ley, se espera que las instituciones públicas trabajen de manera conjunta para garantizar una atención inclusiva y efectiva.
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