El presidente de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, anunció que los gremios del sector transporte están evaluando adoptar medidas contundentes a nivel nacional, tras los incesantes casos de extorsión en el sector. La más reciente de estas ocurrió este 2 de abril con el asesinato de un chófer de la empresa de transportes Aquarius en San Martín de Porres, uno de los distritos bajo estado de emergencia.
En declaraciones a RPP Noticias, Héctor Vargas explicó que, como parte de las acciones que han venido preparando desde hace tiempo, se está considerando la posibilidad de realizar un paro nacional que involucra la participación de más de 350 empresas de transporte solo de Lima. “Esta es una medida de fuerza que probablemente nos lleve a un paro a nivel nacional”, aseguró el líder gremial.
Vargas también señaló que todas las empresas de transporte están siendo extorsionadas y la mayoría de estas se ven obligadas a ceder a las demandas de los delincuentes por cuestiones de seguridad. Cabe mencionar que una de estas empresas es Aquarius, cuyos conductores pagaban 20 soles diarios a cambio de “protección” a los criminales, según la información recogida por Panorama.
El representante de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao reconoció que la Policía Nacional (PNP), en algunos casos, han respondido a las denuncias. No obstante, destacó que las medidas no han sido suficientes para resolver el problema. “Este es un tema que no se va a solucionar solo con denuncias; la policía brinda seguridad temporal, pero necesitamos soluciones definitivas”, expresó.
El presidente de la Coordinadora también mencionó las propuestas que su gremio presentó al gobierno en septiembre, las cuales aún no han sido atendidas. Entre ellas, destacó la necesidad de liderazgo por parte del gobierno, la creación de normas eficaces, y la colaboración entre la policía y el Ministerio Público. Vargas criticó la falta de avances y acusó al gobierno de indolencia.
Por otro lado, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, también se pronunció sobre la situación. Ojeda anunció que, junto a otros gremios del sector, se reuniría con el ministro del Interior, Julio Díaz, y representantes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para exigir medidas más efectivas ante los asesinatos de chóferes y la creciente extorsión. Esta reunión, programada para las 07:00 de la noche en el Ministerio del Interior, busca expresar el malestar del sector y pedir respuestas ante la creciente inseguridad.
Ojeda también destacó la desarticulación entre los poderes del Estado, señalando que el estado de emergencia ha sido utilizado más como una medida mediática que como una solución efectiva a los problemas de seguridad. Según el representante del sector, la falta de coordinación entre los ministerios, el Poder Judicial y el Ministerio Público está empeorando la situación y contribuyendo al aumento de la violencia en el país.
Empresa Aquarius no saldrá a trabajar
La empresa de transportes Aquarius ha decidido suspender sus operaciones como medida de protesta tras el asesinato de Paul López, un chófer de 51 años, quien fue baleado mientras realizaba su recorrido habitual en San Martín de Porres. Este trágico suceso ha generado una profunda preocupación entre los trabajadores, quienes denuncian que, a pesar de los pagos de extorsión que realizaban diariamente para evitar ataques, no han recibido la protección prometida por las autoridades ni la empresa.
El temor a nuevos atentados ha llevado a los chóferes y demás trabajadores a tomar la decisión de no operar hoy ni mañana, exigiendo garantías para su seguridad y el cumplimiento de medidas concretas por parte de la empresa y del Estado.
Los transportistas de la empresa Aquarius, que ya habían enfrentado amenazas y extorsiones previas, cuestionan la falta de acción de la empresa ante la situación de violencia que viven a diario. A pesar de haber cumplido con los pagos exigidos por los extorsionadores —S/ 20 diarios por unidad—, los trabajadores sostienen que el dinero no ha servido para garantizar su seguridad, y lamentan la falta de respuestas por parte de la empresa, que les había asegurado que los ataques cesarían si se cumplían con estos pagos.
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