La presidenta Dina Boluarte sigue promoviendo la idea de ampliar la pena de muerte en el Perú a otros delitos como la violación de menores o el asesinato, a pesar de que expertos coinciden en que sería imposible implementarla. Actualmente, la Constitución Política solo permite esta sanción para traición a la patria en época de guerra y terrorismo.
“Lo digo a viva voz. A estos malditos asesinos, a estos malditos asesinos, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, emprendedoras y emprendedores, que con justo esfuerzo se labran el futuro”, dijo la mandataria en un evento, luego de que el cantante de Armonía 10, Paul Flores, fuera asesinado por extorsionadores.
La jefa de Estado volvió a confirmar este mensaje durante un discurso que brindó este martes 18 de marzo, en compañía del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro del Interior, Juan José Santivañez. En esta ocasión, encaminó a la “clase política” a tomar en cuenta este debate.
¿Qué opinan los expertos?
La única vía que existe para que se aplique la pena de muerte a otros delitos es que el Perú denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como ‘Pacto de San José'. Luego, debería realizar las reformas constitucionales necesarias para adaptar el sistema jurídico interno a estas nuevas medidas. Asimismo, durante los procesos a los que serían sometidos los reos condenados a esta sanción, se pueden dar apelaciones que alargarían la decisión final. Por estas razones es que expertos han manifestado que implementar esta medida no solo sería costoso para el Estado, sino que también tardaría muchos años.
El exviceministro Ricardo Valdés afirmó a Latina que esta medida es “inviable”, ya que se tendría que cambiar la carta magna para ello. “Eso a su vez tiene que ser parte de un proceso judicial y en el marco de las normas internacionales firmadas. En realidad, están pretendiendo un imposible jurídico. No va a proceder”, añadió.
Para el abogado penalista, James Rodríguez, la mandataria estaría tratando de “desviar la atención frente a los escándalos de corrupción y mentiras”. “Si ella tuviese la voluntad política, pudiera mandar una iniciativa legislativa al Congreso, cosa que no lo ha hecho. Ese procedimiento de salirse del tratado toma muchos años, algo de 4 a 8 años, aproximadamente. Por más que renunciemos o denunciemos al pacto, no se va a poder implementar la pena de muerte en nuestro país”, señaló al mismo medio.
En esa misma línea, el especialista en Seguridad, Víctor Quinteros, subrayó que se debe tomar en cuenta que sería el débil sistema de justicia peruano el que tomaría las decisiones. “¿Quién aplicaría una pena de muerte? El pensamiento de la presidenta hace agua por todos lados. Así como ella tiene que pensar en corregir las deficiencias de un poder judicial con problemas de corrupción o de una institución policial también penetradas por la corrupción y el crimen”, comentó. “Es prácticamente una cortina de humo, es distraer la atención de temas que realmente están en el debate público”, agregó.
¿Cómo van las consultas de pena de muerte?
Desde que la presidenta anunció en diciembre del 2024 que iba a iniciar el debate de ampliar la pena de muerte en el país, se han realizado consultas a organizaciones sociales sobre el tema en varias regiones del país. Hasta el momento, se han hecho reuniones en 16 jurisdicciones. Esta es la lista completa:
- La Libertad, el 27 de diciembre del 2024
- Huacho, el 14 de enero del 2025
- Arequipa, el 16 de enero del 2025
- Cañete, el 21 de enero del 2025
- Cajamarca, el 24 de enero del 2025
- Iquitos, el 30 de enero del 2025
- Ica, el 4 de febrero del 2025
- Tarapoto, el 5 de febrero del 2025
- Pucallpa, el 10 de febrero del 2025
- Cerro de Pasco, el 19 de febrero del 2025
- Huancayo, el 19 de febrero del 2025
- Cusco, el 20 de febrero del 2025
- Abancay, el 26 de febrero del 2025
- Madre de Dios, el 28 de febrero del 2025
- Huánuco, el 7 de marzo del 2025
- Ayacucho, 10 de marzo del 2025
La pena de muerte ha sido abolida
Dina Boluarte continúa trayendo a colación la aplicación de la pena de muerte para delitos comunes, a pesar de que la mayoría de países del mundo la han abolido o se encuentran en camino a ello.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, explicó en una entrevista con Infobae Perú que existe un consenso global sobre la ineficacia de esta sanción como herramienta para reducir la criminalidad. En ese sentido, indicó que diversos estudios han demostrado que esta medida no tiene un impacto significativo en la disminución de los índices delictivos.
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