
Un proyecto inmobiliario para venta de terrenos en el sector La Arena de Pachacámac ha generado preocupación entre los vecinos y propietarios de la zona, quienes denuncian maniobras irregulares para modificar la zonificación vigente. Según informó la Asociación de Propietarios del Sector La Arena, la empresa Los Portales habría utilizado documentos emitidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), así como la aprobación de autoridades municipales distritales, para justificar un cambio de zonificación que contradice las normativas urbanísticas establecidas.
El área afectada está clasificada como “Casa Huerta 2 (CH-2)”, una categoría que regula el uso del suelo para preservar el equilibrio ambiental y garantizar un desarrollo sostenible. Esta clasificación exige que los lotes tengan un tamaño mínimo de 2.500 metros cuadrados (26.910 pies cuadrados), con un 80% de área libre y una densidad máxima de 10 habitantes por hectárea. Sin embargo, el proyecto de Los Portales contempla la construcción de 414 lotes de entre 140 y 180 metros cuadrados, lo que representaría una violación directa de los parámetros establecidos.
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Consultada por Infobae Perú, la inmobiliaria, que recientemente se escindió de su unidad de estacionamientos -para formar lo que ahora se conoce como Apparka, bajo la dirección de AC Capitales-, evitó negar la información proporcionada por los denunciantes. Mientras tanto, los denunciantes recomiendan a los futuros compradores tener cuidado con el destino de sus inversiones.

¿Un portal abierto para la aprobación irregular de proyectos?
Tampoco es el primer caso que involucra a Los Portales: antes ya hubo una denuncia similar en La Molina. Según detalló la Asociación de Propietarios, el conflicto comenzó cuando Los Portales adquirió 20 hectáreas en La Arena y presentó un proyecto de habilitación urbana bajo la modalidad de club vacacional o temporal. Para justificar el cambio de zonificación, la empresa utilizó los Oficios N.º 1573-2016-VIVIENDA y N.º 323-2023-VIVIENDA, emitidos por el MVCS.
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Sin embargo, estas opiniones no tienen carácter vinculante y no pueden sustituir la aprobación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que es la única autoridad competente para modificar la zonificación, según lo establecido por el Tribunal Constitucional y la Ley N.º 29090.
A pesar de ello, el proyecto fue avalado por revisores urbanos y aprobado por la Municipalidad de Pachacámac, que no verificó el cumplimiento de los parámetros de zonificación ni exigió la presentación de un planeamiento integral. Además, refieren, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto fue aprobada de manera irregular, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
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Terrenos en Lima: impacto ambiental y social de Los Portales en Pachacámac
Leoncio Rodríguez, presidente de la Asociación de Propietarios, denunció públicamente que la inmobiliaria ha recurrido a tácticas ilegales para obtener la aprobación de su proyecto. “Desarrollan el proyecto, contratan revisores urbanos para que firmen y se saltean las reglas”, afirmó Rodríguez, calificando la situación como un “caso evidente de corrupción”.
Y es que el desarrollo del proyecto inmobiliario podría tener graves consecuencias para el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos. Según consignó la Asociación de Propietarios, la construcción de 414 lotes incrementaría la población de la zona de 80 familias a más de 400, lo que supondría un aumento del tráfico vehicular en un 500% en un camino de apenas 6 metros de ancho.
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Además, la falta de infraestructura básica en la zona, como redes de alcantarillado, plantea un riesgo sanitario oculto: el proyecto contempla la instalación de 414 pozos sépticos, lo que podría generar contaminación del suelo y de las aguas subterráneas en una región que forma parte de la cuenca baja del río Lurín, un área de especial importancia ambiental.

La Arena de Pachacámac vs. Los Portales, ¿Qué sigue?
Ante esta situación, los vecinos han presentado denuncias ante la MML, cuya Gerencia de Desarrollo Urbano confirmó que el proyecto no cumple con la zonificación vigente. El cabildo capitalino exhortó a la Municipalidad de Pachacámac a declarar la nulidad del proyecto, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna acción al respecto.
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En paralelo, la Asociación de Propietarios interpuso una Demanda Contenciosa Administrativa para anular las licencias de habilitación urbana otorgadas al proyecto. Sin embargo, esta fue rechazada bajo el argumento de que los vecinos “no tienen legitimidad para obrar”. La decisión ha sido apelada, y los afectados esperan que las autoridades judiciales reconsideren el caso.
En tanto, han instado a los futuros compradores, los medios de comunicación y las autoridades competentes a mantenerse vigilantes ante este caso, con el objetivo de evitar que los intereses privados prevalezcan sobre los derechos de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de Pachacámac.
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El Ministerio de Vivienda y la incómoda verdad de los revisores urbanos
El caso de Pachacámac pone en evidencia un vacío normativo que podría estar siendo aprovechado por intereses privados. Según reportó la Asociación de Propietarios, el reciente fallo del Tribunal Constitucional que limita las facultades de las municipalidades para detener construcciones irregulares ha generado una crisis urbanística en la ciudad.
Este fallo establece que las municipalidades distritales no pueden paralizar obras aprobadas por revisores urbanos -una figura ampliamente cuestionada en el sector, pues son contratados por la propia inmobiliaria que desarrollará el futuro proyecto-, incluso si estas incumplen las normativas locales, y solo pueden presentar quejas ante el MVCS, que no tiene plazos definidos para responder.
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Este precedente, celebrado por algunos sectores del gremio inmobiliario, ha sido señalado como un factor que dificulta la defensa de los derechos de los ciudadanos y el respeto a la planificación urbana. En el caso de Pachacámac, los vecinos consideran que la inacción de las autoridades locales y la emisión de documentos irregulares por parte del MVCS han facilitado que Los Portales avance con un proyecto que vulnera la normativa vigente.

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