Fondo Mivivienda: restitución del Bono Familiar Habitacional ayuda a familias, pero no resuelve problema de fondo, alerta ASEI

El reciente anuncio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) sobre el aumento del Bono Familiar Habitacional (BFH) a S/57.245 para familias que hayan sido víctimas de estafas por parte de desarrolladores inmobiliarios ha generado diversas reacciones. Según informó el MVCS, esta medida busca restituir la elegibilidad de los beneficiarios afectados, permitiéndoles acceder nuevamente al programa de vivienda sin perder su derecho al bono. Sin embargo, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) ha expresado su preocupación por la efectividad de esta solución, señalando que no aborda el problema de fondo: la culminación de los proyectos habitacionales.

Este ajuste se aplicará exclusivamente a los grupos familiares cuya elegibilidad haya sido restituida bajo los criterios establecidos en el artículo 6-A de la Ley N° 27829, modificada por la Ley N° 32196. Según detalló el MVCS, el Fondo Mivivienda S.A. será el encargado de gestionar este proceso, siempre que los beneficiarios cumplan con el requisito de no poseer propiedades a su nombre.

El objetivo principal de esta medida es garantizar que las familias afectadas por proyectos inmobiliarios fallidos puedan recuperar su acceso al programa de vivienda. Entre los casos contemplados en la normativa se incluyen aquellos en los que se haya iniciado la ejecución del patrimonio fideicometido, la liquidación de entidades financieras que respaldaron los proyectos o procesos judiciales contra desarrolladores que incumplieron sus obligaciones.

ASEI: el objetivo no debe ser ejecutar los activos

En declaraciones a Infobae Perú, José Espantoso, presidente de ASEI, reconoció que el incremento del bono es una forma de mitigar el daño causado a las familias afectadas, pero advirtió que no resuelve el problema de fondo. Según Espantoso, la prioridad debería ser garantizar la culminación de los proyectos habitacionales y no solo enfocarse en la restitución económica.

Espantoso también señaló que, en muchos casos, los recursos invertidos por el Estado y los ahorros de las familias quedan atrapados en activos como terrenos o fideicomisos que, al ser ejecutados, pueden tardar años en resolverse. En este sentido, ASEI ha propuesto al MVCS y al Fondo Mivivienda la implementación de un mecanismo de fideicomiso de titulización para los proyectos del programa Techo Propio.

Este modelo, utilizado en otros proyectos inmobiliarios, permitiría que el fideicomiso no solo funcione como garantía, sino que también tenga el encargo de culminar los proyectos en caso de que el desarrollador original incumpla sus obligaciones.

La propuesta de ASEI busca evitar la paralización de los proyectos y garantizar que las familias reciban las viviendas prometidas. Según Espantoso, este enfoque permitiría que, ante un problema, se retire al desarrollador incumplidor y se encargue a otro la continuación del proyecto, asegurando así la entrega de las viviendas.

“El fin no debe ser que se paralicen los proyectos y se ejecuten activos, sino llevar adelante el proyecto y entregar llaves a las familias que más lo necesitan”, enfatizó.

El caso Goray y su impacto en las políticas de vivienda

El incremento en los bonos y las nuevas disposiciones del MVCS se materializan luego de algunos antecedentes de irregularidades en el sector inmobiliario. Uno de los casos más emblemáticos es el de Sada Angélica Goray Chong, empresaria inmobiliaria peruana vinculada a actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo.

Goray tuvo influencia en el Fondo Mivivienda, lo que le permitió obtener financiamiento estatal para varios proyectos residenciales, entre ellos Lima Bonita, Chiclayo Bonito y Piura Bonita.

Además, Goray estuvo detrás del proyecto Las Palmeras del Golf en Tarapoto. En total, tres de sus proyectos fueron aprobados por el Fondo Mivivienda por un valor de S/185 millones, lo que le otorgó un control significativo sobre los convenios de financiamiento estatal. Este caso ha sido un punto de quiebre en las políticas de vivienda, evidenciando la necesidad de mayor supervisión y transparencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos.