Un informe del Semanario de Hildebrandt en sus Trece, señala que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sabía desde mediados de febrero que la Fiscalía de la Nación planeaba allanar su domicilio. De acuerdo con un testigo protegido, el titular del Interior entregó su computadora personal, un iPad y documentos a su asistente personal, Yessenia de la Cruz, con el objetivo de ocultar información comprometedora.
Según la declaración del testigo protegido No. 02-2025 ante la Fiscalía, De la Cruz, de 31 años, no solo es su colaboradora en el estudio Santiváñez & Molina Abogados Consultores, sino también su pareja sentimental. Además, empleados de la firma habrían realizado depósitos frecuentes a su nombre para que ella gestionara la compra de vehículos destinados a los familiares del ministro Santivañez.
Demoras en la autorización del allanamiento
El 14 de febrero, el fiscal provincial Carlos Ordaya López, del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), envió al juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, la declaración del testigo protegido y solicitó el allanamiento de las viviendas de Santiváñez y De la Cruz.
Sin embargo, Checkley tardó casi dos semanas en emitir su resolución, lo que habría permitido al ministro ocultar cualquier evidencia comprometedora. Este mismo magistrado está siendo investigado por supuestas coordinaciones irregulares con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para favorecer a su hermana, la jueza Enma Benavides, acusada de liberar narcotraficantes a cambio de sobornos.
El 17 de febrero, tres días después de que la Fiscalía solicitara el allanamiento por el caso de presunto abuso de autoridad, Santiváñez presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por abuso de autoridad. También la denunció ante la Junta Nacional de Justicia, acusándola de vulnerar su derecho a la intimidad, luego de que la Fiscalía le exigiera la contraseña de su iCloud para acceder a su celular reseteado.
Filtraciones y maniobras contra la Fiscalía
El 28 de febrero, el portal Lima Gris publicó un artículo en el que afirmaba que “desde el Ministerio Público se estaría armando un muñeco contra el actual ministro del Interior”. El medio identificó a los testigos protegidos como Alexander Rojas y Enrique Encina y sugirió que la Fiscalía habría fabricado pruebas contra Santiváñez.
Ese mismo día, la periodista Milagros Leiva, en Willax TV, afirmó que “parece que le quieren hacer un allanamiento” al ministro. Las filtraciones confirmaron que Santiváñez estaba al tanto de las diligencias y llevaba a cabo una estrategia para desacreditar a la Fiscalía.
Según fuentes policiales, los testigos protegidos fueron sometidos a vigilancia por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), en un aparente intento de amedrentarlos. Todo ello bajo la supervisión del viceministro de Orden Interno, César Guardia Vásquez, un hombre de confianza de Santiváñez.
Allanamiento sin resultados y el respaldo de Boluarte
El 24 de febrero, Checkley finalmente autorizó el allanamiento, con la condición de que la diligencia contara con la presencia de la Policía Nacional, lo que generó demoras adicionales. Cuando la Fiscalía intentó ejecutar el operativo, el apoyo policial fue postergado, lo que favoreció a Santiváñez.
El 3 de marzo, la Fiscalía llevó a cabo el allanamiento, pero ya no encontró evidencia relevante. Un día después, la presidenta Dina Boluarte respaldó públicamente a Santiváñez y acusó a la Fiscalía de intentar un “golpe de Estado blanco” en su contra.
Además, la mandataria autorizó el viaje del ministro a Europa del 3 al 9 de marzo, lo que impidió que la Fiscalía actuara antes de su salida del país. Según fuentes del gabinete, Boluarte fue informada sobre la orden judicial de allanamiento y decidió aplazar el apoyo policial para que Santiváñez tuviera tiempo de reaccionar.
Este caso refuerza las sospechas de que el gobierno de Boluarte está utilizando su influencia para obstruir la labor del Ministerio Público y proteger al ministro del Interior. Santiváñez es clave en las investigaciones sobre Nicanor Boluarte y la presunta protección del gobierno Boluarte al prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.
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