La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del desplome parcial del centro comercial Real Plaza de Trujillo y exigió que se aplique “todo el peso de la ley” sobre los responsables de esta tragedia, que dejó seis muertos y más de 80 heridos.
“He querido enviar mis condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en este terrible accidente. Hemos pedido que se realicen investigaciones rápidas y rigurosas por parte del Ministerio Público para identificar a los responsables”, señaló durante una transmisión en vivo a través de su plataforma de TikTok, realizada este fin de semana.
La ex candidata presidencial también invocó a que Real Plaza, propiedad del Grupo Intercorp, “asuma la responsabilidad que le corresponde” y criticó la falta de acción de la Municipalidad de Trujillo en cuanto a la inspección y supervisión del establecimiento.
“Hoy finalmente vemos a diferentes municipalidades en distintas partes del Perú realizando las fiscalizaciones correspondientes y cerrando algunos centros comerciales. Qué pena que hayan ocurrido estos hechos para que recién veamos a las autoridades asumir esta responsabilidad”, añadió.
De igual modo, invocó a los organismos reguladores a que cumplan con su función y aseguren “la correcta ejecución de las normativas en los diversos servicios que el Estado brinda a los ciudadanos”.
El Grupo Intercorp, conglomerado económico creado hace 31 años, está presidido por Carlos Rodríguez Pastor, quien también figura como testigo en el caso ‘Cócteles’, que involucra a Fujimori. La revista Hildebrandt en sus trece reseña que el magnate fue uno de los empresarios que participó en la “colecta” organizada por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para apoyar la candidatura de la política en 2011.
Este grupo empresarial, que cuenta con cerca de un centenar de empresas en diversas áreas, opera en sectores como retail, salud, seguros, finanzas, educación, restaurantes, entretenimiento, hoteles, inmobiliarias y logística. Muchas de ellas tienen sede en jurisdicciones como Panamá o Bahamas, según la publicación, que accedió a videos inéditos sobre la estructura colapsada.
Las imágenes muestran vigas corroídas por óxido y placas de acero insuficientes para sostener el techo. Según la revista, el fiscal y los peritos que analizaron el caso descubrieron que, a pesar de las advertencias sobre el deterioro de la infraestructura, la administración del centro comercial no presentó un plan de mantenimiento.
“Bomba de tiempo”
En 2024, después de detectar más irregularidades, la Municipalidad de Trujillo comenzó a tomar medidas para realizar la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), aunque el centro comercial había fracasado en obtener esta aprobación en dos ocasiones anteriores. La cúpula de Real Plaza, el mall más grande del país fuera de Lima, era considerado un símbolo del establecimiento, pero fue denominado como una “bomba de tiempo” por el exalcalde Arturo Fernández, quien actualmente se encuentra prófugo.
En diciembre de 2023, la comuna trujillana ordenó el cierre del centro comercial debido a deficiencias estructurales, lo que generó protestas de políticos y gremios empresariales. El establecimiento rechazó la medida y, una semana después, el 4 de enero de 2024, reabrió al asegurar que sus instalaciones estaban en “perfecto estado”.
A raíz de la tragedia, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Luis Santa María Torres, gerente del establecimiento, por homicidio y lesiones culposas. También presentó una denuncia penal contra los propietarios, administradores y funcionarios municipales por haber emitido la licencia de construcción.
Además, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento sancionador y dispuso el cierre temporal del centro comercial, junto con medidas para cubrir los gastos de sepelio y recuperación de las víctimas.
Según Ojo Público, la Fiscalía ha retirado a uno de los peritos asignados, Álvaro Burgos, por su vínculo previo con la supervisora de la construcción. Abogados y familiares de las víctimas expresaron su preocupación por la posible parcialidad en el proceso y por la falta de garantías en la preservación de la escena del accidente.
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