Este viernes se cumple una semana desde el colapso del techo del Real Plaza Trujillo, una tragedia que marcó un antes y un después en la vida de más de 90 familias. En cuestión de segundos, lo que comenzó como una salida familiar a un centro comercial se transformó en una pesadilla para aquellos que, sin previo aviso, se convirtieron en víctimas de este fatal accidente.
El saldo final de la tragedia fue de seis personas fallecidas y más de 80 heridos. Aunque al principio la información sobre los sobrevivientes era confusa y escasa, con el paso de los días, las familias han comenzado a obtener un panorama más claro sobre las acciones que el Real Plaza deberá tomar en el futuro.
La situación sigue siendo tensa. Según el informe oficial de las autoridades de salud, de los 89 heridos, 17 permanecen internados en hospitales, clínicas y otros centros de salud de la ciudad. Si bien muchos de los sobrevivientes han superado las lesiones físicas, algunos aún enfrentan secuelas psicológicas, producto de las horas de angustia que vivieron atrapados entre los escombros, esperando ser rescatados.
Uno de los casos más impactantes es el de Alfredo Beltrán, quien aquella noche del viernes fue a cenar con su esposa y tres hijos. Mientras él se encontraba en la barra pidiendo la comida, vio cómo el techo colapsaba sobre su familia. “Fueron segundos hasta que llegué al stand y se escucharon explosiones, tan fuertes como un terremoto. Solo me hicieron retroceder, pero al girar y ver a mis hijos y mi esposa, cinco segundos bastaron para que todo el techo cayera sobre las 200 personas en el patio... y sobre mis hijos”, recordó con pesar.
El padre de familia ha exigido a las autoridades y a los representantes del centro comercial que asuman su responsabilidad, ya que sus hijos sufren pesadillas y no pueden dormir desde lo ocurrido.
A pesar de que los ejecutivos del Real Plaza y del grupo Intercorp han asegurado que están comprometidos a esclarecer las responsabilidades de la tragedia y que “pagaran lo que se tenga que pagar”, el sentimiento de justicia sigue siendo generalizado entre los trujillanos. En el exterior del Real Plaza, un mural lleno de flores, fotos y carteles se ha convertido en un punto de concentración para los ciudadanos, quienes realizan vigilias nocturnas en solidaridad con las víctimas.
Investigación del Ministerio Público
El Ministerio Público ha comenzado las diligencias, realizando una inspección en el mismo centro comercial donde ocurrió la tragedia. En la diligencia, participaron familiares de las víctimas, abogados y representantes de las autoridades involucradas. Sin embargo, hasta ahora, ni la empresa propietaria del Real Plaza ni la Municipalidad Provincial de Trujillo han asumido responsabilidades directas.
Desde la noche del accidente, un equipo especializado de fiscales y médicos legistas se trasladó al lugar para iniciar las primeras diligencias y asegurar pruebas clave que permitan determinar responsabilidades.
Según explicó Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, la investigación se desarrolla en dos líneas principales. Por un lado, se han realizado procedimientos relacionados con el levantamiento de cadáveres y la atención a las víctimas. Por otro, se han incautado documentos administrativos tanto en las oficinas del centro comercial como en la Municipalidad de Trujillo, con el objetivo de analizar los permisos otorgados, las inspecciones realizadas y posibles irregularidades en los controles de seguridad.
El fiscal indicó se han asegurado expedientes clave en las áreas de edificación y control de la municipalidad con el propósito es verificar si existieron omisiones o negligencias en los procesos de supervisión y autorización que pudieron contribuir al colapso.
En el marco de las diligencias, la Fiscalía de la Nación ha decidido contratar a un perito externo para apoyar al equipo especial que investiga el caso. La fiscal Carmen Vargas, quien está a cargo de la investigación, se encuentra en proceso de planificar un cronograma para citar a declarar a todas las personas involucradas. Esto incluye tanto a representantes del centro comercial como a funcionarios municipales que participaron en los procesos de autorización y supervisión.
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