Fiscal de la Nación denuncia que la lucha contra la corrupción y la delincuencia está en riesgo y apunta directamente al Congreso

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitió un pronunciamiento urgente este martes 18 de febrero en el que advirtió a la población que la lucha contra la corrupción y la delincuencia está siendo gravemente amenzadas. En su mensaje, la titular del Ministerio Público responsabilizó al Congreso de la República de obstaculizar el trabajo de la Fiscalía, con el único propósito de retroceder en su lucha por perseguir el delito.

“En el Congreso se quiere aprobar un proyecto de Ley que apunta a que retrocedamos en nuestra misisón de investigar y perseguir el delito. Quieren limitar la ley de extinción de dominio. Pero así, como nos pronunciamos en su debido momento por el retorno de la detención preliminar, hoy nos pronunciamos de manera firme contra las modificaciones que pretender eliminar la efectividad del decreto legislativo 1373, que hoy faculta de autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio”, advirtió en su mensaje.

Así, aseguró que con la aplicación de esta ley, el país ha podido recuperar, hasta el momento, más de 560 millones de soles en bienes y dinero. Sin embargo, según Espinoza Valenzuela, estos cambios en la ley de extinción (impulsadas desde el Congreso) pretenden lo siguiente:

1.- Excluir de la ley bienes ilícitos relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos ambientales.

2.- Que la ley solo permita incautar bienes cuando exista una sentencia firme. ¿Qué significa esto? Que permitiría a los criminales usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes, entre otras acciones.

3.- Esta ley permitiría que las investigaciones se limiten a los cinco años, prescriban en este tiempo; lo que dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas, cuando todos sabemos que un bien ilícito, nunca se convierte en legal.

Por otro lado, señaló que existe un riesgo mayor: que es la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional; “el cual esperamos con optimismo sea declarada infundada, porque, de lo contrario, favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley”.

“Aplicar, por lo tanto, la ley de extinción de dominio, debe saber la población que no es una confiscación ni expropiación de sus bienes, sino una restauración del orden jurídico, de la legalidad; ya que la posesión no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente aquellos relacionados con la corrupción, como el crimen organizado, la minería ilegal, la trata de personas y otros delitos que afectan gravemente el orden económico y social de nuestro país”, advirtió la titular del Ministerio Público.

Que el Congreso medite y reflexione

En esa misma línea, Delia Espinoza aseguró que su despacho no retrocederá de ninguna manera en la lucha contra la corrupción, por lo que invocó a que el Tribunal Constitucional emita una decisión acorde a lo que espera la población, la justicia y el derecho, para evitar que delincuentes, corruptos o prófugos de la justicia se beneficien conservando los bienes y dinero, provenientes del delitos y diversos actos de corrupción.

“¿Queremos acaso un país con una economía ilegal producto del delitos? No, no deseamos eso. Las personas honestas, no podemos permitir que la impunidad se imponga, por eso pedimos al Congreso que medite y reflexione profundamente sobre este pretendido cambio. La justicia no debe dar un paso atrás. Defendamos nuestros derechos y el futuro de nuestro pais”, exclamó la titular del Ministerio Público.

Congreso busca modificar ley de extinción de dominio

El Proyecto de Ley N° 3577/2022-CR, que busca modificar el Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio, ha encendido las alarmas en diversos sectores. Presentado por Jorge Morante (Somos Perú) y aprobado en primera votación en diciembre, cuenta con el respaldo de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y el Bloque Magisterial. De ser aprobado, este proyecto implicaría la anulación de más de 5,500 procesos en curso, 1,200 de ellos en etapa judicial, y favorecería directamente a figuras como Keiko Fujimori y el prófugo Vladimir Cerrón, quienes representan dos polos políticos que paradójicamente podrían coincidir en este beneficio.