Fujicerronismo pretende acabar con la ley de extinción de dominio y beneficiar a organizaciones criminales

La Ley de Extinción de Dominio, instrumento legal que permite al Estado incautar bienes de origen o destino ilícito, enfrenta un posible debilitamiento. Según el semanario Hildebrandt en sus 13, el Congreso estaría evaluando medidas que debilitarían esta herramienta, favoreciendo directamente a Keiko Fujimori y al prófugo Vladimir Cerrón.

Desde su implementación, esta norma ha sido fundamental en la lucha contra el patrimonio ilegal. Permite confiscar bienes de personas o empresas cuyos propietarios no puedan demostrar el origen lícito de sus recursos. En cinco años de aplicación, el Poder Judicial ha dictado 1,685 sentencias y ha recuperado más de 590 millones de soles para el Estado. El semanario señala que el futuro de esta ley podría definirse en febrero, generando preocupación sobre su impacto en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

Reforma que beneficiará a dupla fujicerronista

El Proyecto de Ley N° 3577/2022-CR, que busca modificar el Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio, ha encendido las alarmas en diversos sectores. Presentado por Jorge Morante (Somos Perú) y aprobado en primera votación en diciembre, cuenta con el respaldo de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y el Bloque Magisterial. De ser aprobado, este proyecto implicaría la anulación de 5,538 procesos en curso, 1,200 de ellos en etapa judicial, y favorecería directamente a figuras como Keiko Fujimori y el prófugo Vladimir Cerrón, quienes representan dos polos políticos que paradójicamente podrían coincidir en este beneficio.

La excandidata presidencial enfrenta un proceso de extinción de dominio aún bajo reserva, en el cual el Ministerio Público busca incautar bienes como una camioneta Subaru, un vehículo Nissan manejado por su exesposo Mark Vito Villanella y terrenos adquiridos en Chilca por S/ 617,329. Según un fiscal citado por Hildebrandt en sus 13, dichos bienes habrían sido obtenidos “de manera ilegal”. “Este proceso marcha en paralelo al que lleva el fiscal José Domingo Pérez. La paralización del juicio de los ‘cócteles’ no afecta el procedimiento desde extinción de dominio”, explicó la fuente.

En tanto, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo, tiene 1.6 millones de soles incautados en dos cuentas bancarias por el Ministerio Público. Sin embargo, los beneficios de esta propuesta no se limitarían al fujicerronismo.

H13 afirma que expresidentes como Martín Vizcarra, con 15 inmuebles embargados valorizados en 5.8 millones de soles; Alejandro Toledo, cuyo caso incluye la posible incautación de propiedades en Las Casuarinas, Camacho y Punta Sal; así como Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, también resultarían favorecidos.

Otros personajes con historial delictivo o investigaciones pendientes, como Vladimiro Montesinos, Rodolfo Orellana, Demetrio Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’, Florindo Flores Hala, alias ‘Camarada Artemio’, el narcotraficante Lucio Tijero y el exjuez César Hinostroza, completarían la lista de beneficiarios.

Advierten amenaza de eliminación de la Ley de Extinción de Dominio

Jueces y fiscales han advertido sobre el riesgo de que la Ley de Extinción de Dominio, considerada por la procuradora Liliana Meza como una de “las mejores herramientas para enfrentar la delincuencia”, sea eliminada por el Congreso.

La ley, publicada durante el gobierno de Martín Vizcarra a través del Decreto Legislativo 1370, tiene como objetivo atacar las finanzas del crimen organizado, el narcotráfico, la minería y tala ilegal, además de la corrupción. Permite la incautación de bienes que superen las 4 UIT (S/21.400) cuando su propietario no pueda demostrar el origen lícito de su riqueza. No solo se confiscan las fortunas obtenidas de manera ilícita, sino también los bienes utilizados para cometer delitos, como las narcoavionetas o las dragas de la minería ilegal.

Desde su entrada en vigor, la ley ha sido fundamental para combatir la criminalidad y la corrupción. Sin embargo, ciertos sectores del Congreso han planteado reformas que podrían limitar su eficacia. Proponen que el Estado solo pueda incautar bienes cuando exista una sentencia penal firme de la Corte Suprema, lo que dilataría aún más los procesos judiciales y favorecería la impunidad. Además, se busca reducir la prescripción de la extinción de dominio de 20 a 5 años y excluir a los bienes de los fallecidos y prófugos, permitiendo que las fortunas mal adquiridas se conviertan en herencias “limpias”.

A diferencia de los juicios penales, los procesos de extinción de dominio son más rápidos, con un promedio de resolución entre dos y tres años. El juez supremo Manuel Luján destacó que este sistema ha sido “una isla de eficiencia dentro del Poder Judicial”, pues ayuda a “ahogar el bolsillo de los delincuentes e impedir que sigan cometiendo delitos”.

“El proyecto del Congreso tiene una mala intención. De todos los delitos que contempla la ley actual, han exclusivo los delitos de corrupción de funcionarios. ¡Qué casualidad!”, advirtió el juez.