Extorsionadores toman control de las playas de Lima: “Tienen que pagar, si no que haga ‘boom’”

La inseguridad ciudadana ha llegado hasta las playas, el destino favorito de los peruanos y peruanas para el verano de 2025. Las organizaciones criminales se aprovechan del crecimiento comercial en la zona para exigir pagos a quienes instalan negocios frente al mar. “Todos deben pagar”, advierte un miembro de ‘Los Characatos’.

Un reportaje de Panorama da cuenta de la presencia de hombres ubicados en los ingresos de las playas. Ellos reciben a todos los que buscan un momento de distracción lejos de la ciudad, les dan la bienvenida y le anuncian que deben pagar S/11. Alegan que es un cobro establecido por la Municipalidad de Punta Hermosa, pero ninguno viste el uniforme de la entidad.

Las playas San Pedro, Venecia y El Silencio son las principales amenazadas por las bandas criminales que cobran cupos en la zona. “Todos tienen que pagar, si no le ponemos su notita y que haga ‘boom’. Tu ya sabes ya”, advierte un representante de la organización que emplea ciudadanos extranjeros para reunir el dinero de los dueños de los restaurantes, comerciantes y sombrilleros.

“Deberían tener un poquito más de consideración”, reclama una trabajadora amenazada que por miedo a las represalias se niega a compartir el monto exacto que día a día debe entregar a los malhechores. Los ambulantes que se negaron a pagar fueron víctimas de un linchamiento, según las grabaciones difundidas por el medio citado.

“Siendo un espacio público es de todos. Ni las propias autoridades, ni los particulares, menos los delincuentes, pueden apropiarse de estos espacios para cobrar cupos, lotizar la playa o prestar servicio de seguridad”, recuerda el presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal, Martín D’Azevedo.

En enero de 2025, Lima Metropolitana registró 796 denuncias por extorsión, reflejando un incremento alarmante en comparación con el mismo período del año anterior. Este fenómeno ya no es exclusivo de grandes organizaciones criminales, sino que ha evolucionado hacia estructuras más descentralizadas, donde pequeños grupos o individuos operan de manera independiente.

El acceso a tecnología y redes sociales ha facilitado la expansión de estas prácticas delictivas, afectando a diversos sectores, desde comerciantes hasta transportistas, quienes exigen medidas urgentes para frenar esta crisis. El impacto de la extorsión no solo afecta a Lima, sino también a otras regiones como La Libertad y Piura.

Un informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el 20% de los peruanos ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien que lo ha sido en el último año. Las modalidades más comunes incluyen llamadas telefónicas amenazantes, cobros ilegales conocidos como “cupos” y ataques directos a negocios. Los más afectados son transportistas y pequeños emprendedores, especialmente en Lima Norte, donde la presencia de bandas organizadas es significativa.

Además, el 80% de los encuestados en Lima Metropolitana considera que la inseguridad ha empeorado recientemente, mientras que a nivel nacional esta percepción es compartida por el 78% de la población. La falta de confianza en las autoridades y el temor a represalias han llevado a que muchas víctimas no denuncien estos delitos, lo que contribuye a la impunidad y al incremento de la criminalidad en el país.

Un estudio reciente de Kantar Worldpanel revela que, de cara al 2025, el 78% de los hogares peruanos considera la inseguridad ciudadana como su principal preocupación, superando por primera vez en dos años al alza de precios y la inflación. Otras inquietudes destacadas incluyen la economía familiar, la salud y la corrupción. Este cambio en las prioridades coincide con la intensificación de la violencia en 2024, año en que el gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en más de una docena de distritos de Lima y Callao.

A pesar de estas medidas, los resultados no han sido los esperados, y se ha extendido el estado de emergencia por 45 días adicionales. Los pequeños comerciantes, como bodegas y transportistas, han sido particularmente afectados por casos diarios de extorsión, lo que ha generado protestas a nivel nacional exigiendo acciones más contundentes por parte del gobierno. Sin embargo, las autoridades han cuestionado la legitimidad de algunas de estas manifestaciones, sugiriendo posibles motivaciones políticas detrás de ellas. El estado de emergencia implica la suspensión de ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, en distritos específicos de Lima y Callao.

Si es víctima de extorsión en Perú, es fundamental que denuncie el hecho para que las autoridades puedan actuar de manera oportuna. A continuación, los canales disponibles para realizar la denuncia:

Línea 111: Esta línea gratuita y confidencial está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Al comunicarse, personal especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP) le orientará sobre las acciones a seguir y coordinará con la unidad policial más cercana para brindar asistencia inmediata.

Central de Emergencias 105: Puede llamar al 105 para reportar casos de extorsión. Ellos derivarán su caso a la comisaría de tu sector para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Números de WhatsApp: La PNP ha habilitado los números 942 841 978 y 966 834 474 para que envíe fotos, videos o mensajes relacionados con el caso. Estos canales están disponibles las 24 horas y garantizan la confidencialidad de la información proporcionada.

Línea 1818: Otra opción es comunicarse a la línea 1818 para reportar casos de extorsión.

Se recomienda acercarse a la comisaría más cercana para presentar una denuncia formal. Es importante proporcionar toda la información posible sobre el incidente, incluyendo detalles de las comunicaciones recibidas y cualquier evidencia que puedas tener.