
Ante el anunciado paro de un sector de transportistas previsto para el jueves 6 de febrero en Lima y Callao, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que aplicará una política de tolerancia en las citas programadas durante la jornada. Según detalló en un comunicado oficial, esta medida busca evitar perjuicios a los ciudadanos que no puedan acudir a las distintas sedes debido a esta movilización.
De acuerdo con información difundida por Migraciones, “se brindará tolerancia en la atención de las citas programadas para mañana, jueves 6 de febrero del 2025, en todas nuestras sedes de Lima y Callao”. El comunicado también aclara que los usuarios afectados por esta situación podrán acercarse a realizar sus trámites en días posteriores, sin sanciones ni penalidades en sus procesos. “De no poder acudir a su cita para el trámite de pasaporte electrónico, carne de extranjería, entre otros, debido a la referida medida de fuerza, podrán hacerlo en los siguientes días”, especifica el texto citado por Migraciones.
En tanto, el contexto del paro ha desatado una amplia discusión en torno a las causas de la protesta y sus eventuales consecuencias. Según menciona el comunicado emitido por la Alianza Empresarial de Transporte Terrestre del Perú, deben distinguirse los motivos legítimos y las demandas asociadas a la lucha contra la inseguridad, extorsiones y delincuencia que impactan a transportistas formales y ciudadanos. Sin embargo, también alertan sobre “una agenda paralela ajena” que estaría detrás de esta huelga.
La Alianza expresa su preocupación por la creciente inseguridad que golpea tanto la economía de las empresas como la tranquilidad de la población general. “Respaldamos firmemente la lucha contra la inseguridad, uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad”, afirmó el vocero de la organización citada en el comunicado. Pese a ello, han cuestionado las motivaciones de algunos de los convocantes y reafirmaron su compromiso con el transporte formal.

Por otra parte, el Gobierno peruano señala que esta movilización sería promovida principalmente por transportistas ilegales, una postura que fue reforzada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en una reciente conferencia de prensa. Santiváñez afirmó que la principal responsabilidad del Estado será garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y la protección del orden público. “La Policía Nacional del Perú (PNP) garantizará la protección de la propiedad pública y privada, así como la integridad de los ciudadanos durante el paro”, precisó el titular del Interior, según declaraciones recogidas por Migraciones.
Además, el ministro destacó que ya se han tomado previsiones para minimizar los efectos adversos del paro tanto en la movilidad como en la seguridad de los limeños y chalacos. Los equipos de la PNP estarán desplegados estratégicamente para atender cualquier eventualidad que surja durante esta paralización, que podría incluir bloqueos de vías y concentraciones masivas.
La medida de fuerza programada surge en un momento de alta sensibilidad en torno a la seguridad ciudadana. Según lo denunciado reiteradamente por gremios e instituciones, el transporte formal enfrenta desafíos significativos debido al incremento de extorsiones, robos y asaltos en vías urbanas e interprovinciales. Este contexto habría alimentado el descontento del sector, aunque las motivaciones del paro habrían quedado divididas por distintos intereses.
La ciudadanía y usuarios de servicios de transporte público se mantienen a la expectativa de las implicancias de esta protesta. Sin embargo, la medida adoptada por Migraciones, que afecta a procedimientos clave como la emisión de pasaportes electrónicos y carnes de extranjería, se percibe como un alivio para evitar mayores contratiempos administrativos mientras se desarrollan las manifestaciones.
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