Palacio de Gobierno sabía de operativo para capturar a Vladimir Cerrón, según exjefe de la DINI

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, declaró ante el Ministerio Público que la operación para localizar y capturar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se realizó por instrucción directa de la presidenta Dina Boluarte.

Según su testimonio, vertido el 10 de enero y difundido este domingo por Punto Final, “las comunicaciones a nivel estratégico eran solo a través del entonces comandante general de la Policía, Jorge Angulo, y del actual jefe del Estado Mayor de la Policía, Óscar Arriola, quien dirigiría la parte operativa”.

Arista también mencionó que, en una ocasión en la Sala Bolognesi de Palacio de Gobierno, otras personas estuvieron al tanto de las operaciones de captura. En particular, precisó que los involucrados eran “la señora presidenta, el premier Alberto Otárola, el secretario general Enrique Vílchez, el ministro del Interior Vicente Romero, el ministro de Defensa Jorge Chávez, y el director de Inteligencia de la PNP, Mauricio Quiroga”.

La presencia de Vílchez en una reunión sobre el paradero de Cerrón genera inquietudes, dado que el funcionario tenía acceso a información sensible. “Eso es lo que a mí me consta”, subrayó Arista, retirado abruptamente de su cargo poco después de que, junto con el general Óscar Arriola, interviniera el condominio Mikonos en Asia, donde presuntamente se encontraba Cerrón.

Declaraciones que rivalizan

En marzo del año pasado, Punto Final divulgó una fotografía de un automóvil asignado a Boluarte, conocido como ‘cofre’, el cual estaba estacionado cerca de ese punto donde la PNP ejecutaba el operativo de búsqueda. En diciembre pasado, la Fiscalía realizó una diligencia de verificación de la presunta ruta seguida por la gobernante, en la que participó uno de los conductores, el suboficial Félix Montalvo, quien informó que dejó a Boluarte en el condominio Asia del Sur, no en Mikonos.

Una de las escoltas presidenciales en ese traslado, la suboficial Ruth Ligarda, fue designada en la agregaduría policial de la embajada peruana en España. Sin embargo, el pasado 15 de enero y ante el Ministerio Público, confirmó que dos ‘cofres’ ingresaron a Asia del Sur. “No recuerdo si nos registramos. Solo recuerdo que ingresamos los dos cofres y en el Interior Jhon Janampa me dijo, acá tienes que recoger a la presidenta”, dijo.

Esta afirmación contradice lo dicho por Jhon Janampa, otro chofer, quien había señalado que fue relevado por Ligarda “a las 8 de la mañana del día 25 de febrero en el mismo grifo de la Panamericana Sur”. Félix Montalvo también discrepó de la versión de Ligarda, ya que indicó que el relevo tuvo lugar en el kilómetro 108 de la Panamericana Sur.

La inconsistencia entre estos testimonios se intensifica con las declaraciones adicionales de Milagros Vargas, otra escolta de Boluarte, quien también participó en ese viaje y relató que, durante su estadía en Asia del Sur, “la presidenta bajó y se quedó en el lugar”, mientras ella permaneció fuera del condominio.

Según Vargas, no había más de una o dos personas esperándola aquella vez, una versión que difiere de la declaración de Janampa, quien había mencionado que más personas estaban presentes en la reunión. Las declaraciones han generado incertidumbre sobre lo ocurrido en el viaje al sur de Lima, particularmente en relación con el contenido de los ‘cofres’ y si uno de ellos pudo haber sido utilizado para trasladar a Cerrón.

Sin embargo, la defensa de Boluarte, a través de su abogado Juan Carlos Portugal, ha insistido en que no existen contradicciones sustanciales. “El Ministerio Público delimitó la hipótesis respecto a que la presidenta, en la ida hacia la jurisdicción de Asia, llevó a Vladimir Cerrón dentro del cofre presidencial, y todos los protagonistas de la historia han descartado la presencia del prófugo de la justicia, eso es lo que debe importar a la ciudadanía”, dijo al dominical.

Por su parte, el abogado de Montalvo, Jesús Poma, ha señalado que el caso exige una ampliación de las manifestaciones y destacó que, a diferencia de la presidenta, su cliente se ha mostrado dispuesto a cooperar desde el inicio de las investigaciones: “Todos los policías, inclusive la señora presidenta, son los que saben la verdad y tienen que declarar en fiscalía”, señaló.

Según el dominical, este lunes 3 de febrero, la defensa de la jefa de Estado solicitará al Poder Judicial que se declare el cese de esta investigación por un supuesto vencimiento de plazo.