Nueva denuncia para el Ejecutivo. La presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fueron demandados observar una ley que buscaba restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. La acción fue promovida por la congresista Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular, quien argumentó que los altos funcionarios habrían vulnerado principios fundamentales establecidos en la Constitución peruana.
La legisladora señaló que la observación de la norma se realizó de manera tardía, lo que constituye una “grave afrenta” en la lucha contra la inseguridad ciudadana, un problema que afecta a gran parte de la población peruana. Además, sostuvo que los funcionarios denunciados habrían incumplido su deber de trabajar al servicio de la Nación, tal como lo exige la Constitución.
Asimismo, advierte que la decisión del Ejecutivo podría haber favorecido a personas cercanas a la presidenta Boluarte. Entre los presuntos beneficiarios mencionados se encuentran su vocero, Fredy Hinojosa, y su hermano, Nicanor Boluarte. Aunque no se detallaron pruebas específicas en el informe, la congresista subrayó que esta situación genera serias dudas sobre la imparcialidad y transparencia en la actuación del Gobierno.
Asimismo, Luque indicó que, según reportes de medios de comunicación, el Ministerio del Interior habría elaborado varios informes para justificar las observaciones a la norma. Sin embargo, estos documentos habrían sido emitidos recién el 13 de enero de este año, lo que, según la legisladora, refuerza la percepción de que la decisión fue tomada sin un análisis adecuado y en perjuicio de la seguridad ciudadana.
En esa línea, anunció que solicitó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia la entrega de todos los informes elaborados que sirvieron para no restituir la detención preliminar. " La no restitución de la detención preliminar busca favorecer a su entorno, y por consiguiente impacta en la lucha contra la delincuencia. El deber de la presidencia es garantizar la seguridad y servir a la nación", escribió a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Como se recuerda, la norma en cuestión buscaba restablecer la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia, una herramienta que, según sus defensores, es crucial para combatir delitos graves y garantizar la eficacia de las investigaciones policiales. La detención preliminar permite a las autoridades detener a sospechosos por un período limitado mientras se recopilan pruebas suficientes para formalizar una acusación.
¿Qué dijo Dina Boluarte, Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez?
Hasta el momento, la única persona en pronunciarse sobre el tema es el premier. En conferencia de prensa, Adrianzén expresó su confianza en que la denuncia constitucional no prosperará.
“El cumplimiento de funciones establecidas en la ley y, sobre todo, el cumplimiento de estas dentro de los plazos establecidos por la ley, no tiene por qué ser generador de ningún tipo de responsabilidad administrativa y funcional, ni mucho menos una pretendida responsabilidad que derive de una infracción constitucional”, enfatizó.
En ese sentido, insistió que las acciones del Consejo de Ministros se encuentran plenamente respaldadas por la Constitución, por lo que el cumplimiento de sus funciones no debería derivar en responsabilidades administrativas, profesionales ni constitucionales.
“Pueden estar seguros que todas las actividades y actos administrativos que suscribimos en el Consejo de Ministros están apegados estrictamente a lo que dice la Constitución y la ley. No dudo que, por su naturaleza, esta denuncia constitucional será archivada definitivamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, sentenció.
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