Fiscales temen por sus vidas en Trujillo y acusan al Gobierno: “Se anuncia seguridad y no hay nadie. Están mintiendo”

El exfiscal Alfredo Galindo, quien reside a pocos metros del edificio del Ministerio Público en Trujillo afectado por el reciente atentado con dinamita, alertó en entrevista sobre la falta de protección para los fiscales que buscan la sanción y desarticulación de las bandas criminales que imperan en la región de La Libertad. Según dijo, hay bastante temor en el personal fiscal a causa de esto.

“Mientras más amenazas hay, un fiscal tiene más fortaleza para seguir adelante. Pero eso no significa que se va a descuidar la seguridad de los fiscales que llevan casos emblemáticos en casos contra el crimen organizado”, señaló en diálogo cone el noticiero Buenos Días Perú.

El exfiscal mencionó el caso de William Rabanal, fiscal que desarticuló varias bandas criminales en Trujillo pero que, pese a las amenazas en su contra, perdió la seguridad que se le había asignado. “El año pasado denunció este hecho públicamente y él ahora ya no está en Trujillo”, enfatizó.

Lugar del atentado sin resguardo policial

Asimismo, criticó la falta de presencia de fuerzas de seguridad en la zona, pese al atentado del último lunes y al estado de emergencia que rige desde hace varios meses en la ciudad. Cabe mencionar que anoche, solo un patrullero de la Policía Nacional (PNP) se encontraba resguardando el lugar del ataque, y hoy, durante la mañana de este martes, hubo cero presencial policial.

“Se anuncia seguridad, pero no hay nadie, no hay Fuerzas Armadas, no hay patrulleros”, señaló el exfiscal y subrayó que el Gobierno y el Poder Legislativo tienen una “dura responsabilidad” en garantizar la protección de los fiscales, pero no hay cumplimiento de ello debido a una reducción del presupuesto para el Ministerio Público, que este 2025 se redujo hasta en 124 millones de soles en comparación con el año pasado.

“Se nos mintió a la ciudadanía manifestando que iba a haber seguridad aquí en la zona las 24 horas del día y a través de las cámaras del programa podemos apreciar de que no hay ningún efectivo, ni siquiera un serenazgo. ¿Qué pasaría si alguien viene y coloca otro artefacto explosivo? La ciudadanía no merece este trato por parte de las autoridades. Están mintiendo y el Ministerio Público está sin resguardo en estos momentos”, añadió Galindo y recordó lo prometido ayer por el premier Gustavo Adrianzén sobre el envío de 100 policías a Trujillo.

“Es muy apresurado atribuir el atentado a Los Compadres”

Respecto a las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien señaló a la organización criminal ‘Los Compadres’ como responsable del ataque, Galindo manifestó su desacuerdo mencionando que es muy apresurado indicar, en menos de 24 horas, quiénes son los responsables del hecho. “Eso es más un mensaje de tipo político que real”, aseguró.

“Lo que dice el ministro del Interior muchas veces no ha sido lo correcto. Acá lo que se debe hacer es investigar quiénes son los responsables directos. No es que por una llamadita yo me considero el autor, como se pretende decir a la ciudadanía. No es así, hay que investigarlo”, enfatizó.

El exfiscal también destacó que la minería ilegal podría estar involucrada en el atentado. “La minería ilegal también tiene su cuota de responsabilidad aquí porque esto ha desbordado. En La Libertad hay mucha violencia y parece una zona liberada (de la presencia del gobierno)”, denunció.

Cabe mencionar que, desde el Poder Ejecutivo han negado la posibilidad de que el ministro Santiváñez pase al retiro pese a los cuestionamientos que enfrenta desde hace varios meses por su gestión al frente del Mininter, en un contexto la criminalidad incrementa pese a sus estados de emergencia establecidos. “El gabinete no tiene previsto hacer cambios ministeriales”, afirmó Adrianzén.

Finalmente, Galindo subrayó la necesidad de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lidere estrategias efectivas y acciones legales para enfrentar el crimen organizado. Señaló que normas recientes, como el Decreto Legislativo 1585, emitido por el Poder Ejecutivo, son perjudiciales para la lucha contra la delincuencia. “Esta falta de estrategia es lo que está originando esto: un atentado contra una institución persecutora del delito”, concluyó.